EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES.- La Auditoría General de la Nación (AGN) argentina inició hoy las auditorías para aclarar un millonario conflicto entre el Estado y el grupo empresarial del padre del presidente Mauricio Macri, después de que se tratara de resolver con un pacto que, para la Justicia, generó conflicto de intereses.
Aunque ese acuerdo, que generó fuertes críticas para el Gobierno, ya fue paralizado, la AGN -controlada por la oposición- formó un equipo técnico para auditar el Ministerio de Comunicaciones, a la ex Secretaría de Comunicaciones y a la ex Comisión Nacional de Comunicaciones y elaborará dos estudios sobre la empresa Correo Argentino, controlada por familiares del mandatario.
El análisis, encargado por el Congreso argentino, busca aclarar "todo lo concerniente" a la deuda que mantuvo la empresa -concesionaria de los servicios postales estatales entre 1997 y 2003- con el Estado, en el marco de un concurso de acreedores iniciado en 2001.
"De esta manera, la AGN cumple con lo resuelto por la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas del Congreso Nacional, que le solicitó determinados estudios y una auditoría destinados a aclarar el conflicto entre el Estado nacional y esa empresa", transmitió el organismo en un comunicado.
El equipo de trabajo tendrá un plazo de 120 días para presentar los informes, que abarcarán tanto la gestión por parte del actual Ministerio de Comunicaciones como de los organismos que actuaron como interlocutores del Estado durante el kirchnerismo (2003-2015).
La verificación del origen de los créditos concursales y post-concursales, revisión de metodologías de cálculo aplicadas y reproceso matemático de la deuda, análisis de instancias intervinientes y revisión de los costos judiciales estimados serán algunos de los puntos de análisis.
La polémica sobre la relación entre el Estado y Correo Argentino se desató a principios de febrero, cuando la fiscal que interviene en el concurso objetó el acuerdo alcanzado a mediados de 2016 entre el Ministerio de Comunicaciones y la empresa para saldar definitivamente la millonaria deuda.
Para la fiscal, la solución alcanzada era abusiva y perjudicaba al Estado y generaba conflicto de intereses porque los dueños son familiares directos de Macri.
El destape de este caso derivó en duras críticas hacia el Gobierno y en la apertura de distintas investigaciones judiciales al presidente y al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad.
A raíz de ello, el Ejecutivo reconoció el acuerdo como un "error" y dio marcha atrás a su conformidad al acuerdo.
Pero el conflicto también ha levantado interrogantes sobre la relación del Estado y la empresa durante el kirchnerismo ya que, en doce años, la deuda permaneció sin saldarse, en perjuicio de las arcas públicas.
La deuda originalmente era de 296 millones de pesos (por entonces igual cifra en dólares mientras que actualmente la divisa estadounidense se compra a 15,7 pesos).
