Clausura vertedero de Duquesa conllevaría una “fuerte inversión” económica de cabildos

Por JHENERY RAMÍREZ martes 17 de octubre, 2017

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Debido a los altos costos que supone administrar un sitio de residuos sólidos, los ayuntamientos necesitan realizar “una fuerte inversión económica” que permita la clausura del vertedero de Duquesa. Por eso, se necesita de la acción directa del Gobierno Central para buscar un nuevo lugar de disposición final.

Estos datos están sustentados en un análisis del Observatorio Político Dominicano (OPD), entidad adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode), en el cual se expresa que Duquesa representa “altos costos” para el Estado dominicano.

“Por esta problemática de gastos se hace imposible que una comisión tripartita (gobierno, empleadores y trabajadores) pueda administrar con eficacia sostenida en el tiempo dicho vertedero”, expresa el coordinador de la Unidad de Gobierno Local (UGL) del OPD-Funglode, Natanael Disla.

El estudio denominado “Los desafíos en la gestión de los residuos sólidos de cara a Dominicana Limpia”, plantea que el costo de la disposición final por tonelada oscila entre los 17.10 y 20.43 dólares; sin embargo, según el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, los ayuntamientos pagan un monto mucho menor: alrededor de 3 dólares por tonelada, en el caso del Distrito Nacional, que es la municipalidad que tiene la tasa más alta.

El documento recalca que el factor económico influye en la tecnificación y mejoría de la gestión de residuos sólidos en el país. “La compactación de los desechos, su posterior disposición en capas y celdas, asegura que el vertedero esté organizado y no represente contaminación visual y paisajística”, indica.

Aprovechamiento

De acuerdo al Ministerio de Medio Ambiente, en República Dominicana existen 358 vertederos, uno por cada 135 kilómetros cuadrados. De estos lugares, el 66 % está ubicado en terrenos aptos para la agricultura; el 60 % ocupa zonas de alta importancia hidrológica, y más del 97 % es a cielo abierto.

Al respecto, Disla recomienda aprovechar estos residuos que llegan a los botaderos para así generar beneficios económicos mediante el reciclaje.

La investigación del OPD-Funglode cita al proyecto “Dominicana Limpia”, basándose en los cuatro componentes principales del plan: manejo integral, equipamiento a los gobiernos locales, educación ciudadana y reciclaje.

Involucramiento

En este proceso, es preciso que los ayuntamientos tengan participación, ya que la meta de Dominicana Limpia es alcanzar a 50 municipalidades en los próximos tres años, con un aporte inicial de 318 millones de pesos para compras de equipos y 1,500 millones en lo adelante, por parte del Estado.

En ese sentido, Disla sostiene que las municipalidades en la gestión de desperdicios pueden ser eficaces en la medida en que los espacios de disposición final sean administrados por personal capacitado, los equipos estén en buen estado y con su mantenimiento al día, y las operaciones diarias se mantengan en un óptimo nivel: “El vertedero de Duquesa fue en sus inicios un relleno sanitario que terminó convertido en un botadero”.

A esto, el investigador agrega: “El vertedero de Duquesa opera sin ningún control para mitigar los efectos del biogás, los lixiviados y los malos olores, un hecho que evidencia un profundo problema que afecta la salud de los habitantes del Gran Santo Domingo”, refiriéndose además a datos de las mancomunidades que arrojan que la capacitación del personal de los ayuntamientos en materia de residuos sólidos urbanos, apenas alcanza un 26.7% de la empleomanía.

El 27 de septiembre pasado, el Tribunal Superior Administrativo (TSA) otorgó la administración provisional del vertedero de Duquesa a una comisión tripartita compuesta por el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Salud Pública y el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte, con lo que a Lajún Corporation, la compañía que administraba el botadero, se le despoja de la dirección del sitio, hasta tanto se conozca un recurso de nulidad del contrato entre las partes.

El Tribunal justificó la sentencia alegando que existe una compulsa notarial sobre los lixiviados asociados al botadero, así como una declaratoria de emergencia sanitaria y ambiental declarada por el Ministerio de Medio Ambiente.

JHENERY RAMÍREZ

(Especial para El Nuevo Diario)