La denuncia fue presentada hoy en el juzgado federal del Distrito Central de California y cuenta con el respaldo de organizaciones como el Centro Nacional de Derecho Juvenil y el Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional.
Originarios de Guatemala, Honduras, El Salvador y México, los denunciantes, que llegaron a EE.UU. entre 2017 y 2018, aseguraron que las autoridades «están causando un grave daño» a los jóvenes indocumentados al retenerlos en condiciones similares a las de una cárcel.
La demanda sostiene además que los menores están recibiendo potentes medicamentos sin su consentimiento y sin «una supervisión prudente».
Lucas, un niño guatemalteco de 12 años que supuestamente recibió en el albergue medicinas para la depresión sin consentimiento familiar, encabeza la demanda colectiva.
La demanda es contra las políticas del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HSS), la Oficina de Reubicación de Refugiados (ORR), explicó hoy a Efe Holly Cooper, directora de la Clínica de Inmigración de la Universidad de California Davis y uno de los abogados que representan a los menores.
«HSS está colocando a estos niños en centros de detención donde se saben que les administran poderosos medicamentos por meses y hasta años violando sus derechos», advirtió Cooper.
Asimismo, la denuncia arremete contra los intentos del Ejecutivo para retrasar la reunión de estos menores con sus familiares.
Los demandantes argumentan que, de esta manera, las autoridades están violando los puntos de un acuerdo judicial conocido como «Flores», que en 1997 determinó que los menores inmigrantes deben ser detenidos en las condiciones «menos restrictivas» posibles y durante un periodo máximo de 20 días.
«Las tácticas del Gobierno causan traumas en los mismos niños que se supone que tienen que proteger», dijo en un comunicado de prensa Leecia Welch, abogada del Centro Nacional de Derecho Juvenil.
«Esta demanda pide a las cortes que reafirmen los derechos constitucionales de estos niños en un momento en el que el Gobierno está deliberadamente actuando contra sus intereses», apuntó Carlos Holguin, letrado del Centro para los Derechos Humanos y el Derecho Constitucional.
La denuncia llega en plena polémica en Estados Unidos por la separación de familias de inmigrantes en la frontera con México.
La Administración estadounidense puso en marcha en abril las llamadas políticas de «tolerancia cero», por las que los inmigrantes que cruzan irregularmente la frontera pasan a ser procesados criminalmente, lo que implica la división de familias con menores.
La semana pasada, el presidente de EE.UU., Donald Trump, decretó el fin de las separaciones de familias en la frontera debido a las duras críticas recibidas.
Desde entonces, el Gobierno ha reunido a 538 niños con sus parientes, aunque más de 2.000 menores siguen recluidos y apartados de sus familiares, según datos de la Casa Blanca.
En el caso de Lucas, el niño fue puesto bajo custodia de la ORR el pasado 12 de febrero tras ingresar solo al país y fue enviado a un hogar en Youngtown (Arizona) mientras su hermana mayor Madelyn, quien reside desde hace algún tiempo en Los Ángeles hacía los trámites para hacerse cargo de él.
En la demanda Madelyn asegura que, a pesar de todas las adversidades, el pequeño era una persona feliz, juguetón, hablador, bromista; sin embargo, el encierro y la posibilidad de no poder reunirse con su hermana lo deprimió.
La demanda detalla que la ORR autorizó que se administraran a Lucas, sin la autorización de la hermana o su abogado, psicotrópicos que han tenido efectos secundarios en el niño.
Madelyn sometió toda la documentación para asumir la custodia de su hermano y, aunque las autoridades encontraron que ella era una candidata apta, le han negado esa opción.
Por EFE
