«Es muy preocupante la rápida degradación de la situación socio-económica y política del país, que ha derivado en violencia y en el desabastecimiento» de electricidad, combustibles y medicamentos y que afecta a los «servicios básicos de agua, alimentación y salud», señaló la relatora para Haití, Flávia Piovesan, en un comunicado difundido en Washington.
La relatora pidió al Estado que adopte «medidas para facilitar el acceso a servicios básicos y para la efectiva garantía de dichos derechos».
Según la CIDH, en medio de las protestas se han producido bloqueos, «violencia dirigida a manifestantes; disparos esporádicos; detenciones de personas», así como «dificultades en la provisión de bienes y servicios esenciales para la alimentación, el agua potable y la salud», el cierre de escuelas, de aduanas y aeropuertos, entre otros.
«Lo anterior ha resultado en la muerte de al menos 26 personas y en más de 77 personas heridas, según información de Unicef», se agregó en el comunicado.
El organismo llamó al Estado a «respetar las manifestaciones» y urgió a iniciar un diálogo en busca de «una solución pacífica a la grave crisis política y económica que atraviesa el país».
Además, confirmó que decidió instalar una Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada (Sacroi) para «monitorear y dar respuesta a la situación de derechos humanos en Haití».
También pidió al Estado que investigue «con debida diligencia y respeto al debido proceso» las muertes ocurridas y urgió a todas las partes «a rechazar y cesar la violencia».
«En el contexto que vive hoy el país, son esenciales los mecanismos de diálogo que aseguren la paz, la reconciliación y garanticen verdad, justicia y la reparación a que tienen derecho las víctimas, especialmente las familias que han perdido a sus seres queridos», señaló la presidenta de la CIDH, Esmeralda Arosemena de Troitiño, en el comunicado.