EL NUEVO DIARIO, PEKÍN.- China advirtió este miércoles de que «no habrá paz en Hong Kong hasta que termine la violencia» y aseguró que no parará hasta desactivar las protestas que sacudieron la ciudad financiera y que han atravesado un parón debido a la epidemia de COVID-19.
Los seguidores del movimiento prodemocrático ya avanzaron que, cuando la crisis sanitaria acabara, volverían a las calles a manifestarse de nuevo, y el pasado 1 de mayo celebraron varios mítines hasta que fueron dispersados por la Policía local.
Ante la posibilidad de una nueva escalada, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado (el Ejecutivo chino) reiteró que China no se quedará de brazos cruzados y que va a «mantener el orden y salvaguardar la seguridad nacional» ante lo que considera una «fuerza destructiva» y «demente».
«Las acciones de los manifestantes violentos suponen un virus político para la sociedad de Hong Kong», comenta el portavoz en un comunicado.
«El gobierno central tiene la responsabilidad de mantener el orden constitucional en Hong Kong y de salvaguardar la seguridad nacional», dijo el portavoz, y agregó que también debe «salvaguardar los intereses fundamentales de Hong Kong y de los hongkoneses».
«La única forma correcta es adoptar una posición clara y firme diciendo ‘no’ a la violencia», acotó.
También indicó que Hong Kong está en una «situación difícil» por la pandemia -la economía se contrajo un 8,9 % entre enero y marzo por el impacto de la crisis de la COVID-19-.
«Sin embargo, el mayor culpable proviene de dentro. Los radicales que se dedican descaradamente a la violencia son las fuerzas más maliciosas, destructivas y tóxicas», añadió.
Por otra parte, en los últimos meses, las autoridades hongkonesas han intensificado sus esfuerzos para presionar a la disidencia y, desde que comenzaron las protestas en marzo de 2019, han detenido o multado a numerosos activistas y figuras prominentes de la lucha prodemocrática.
A mediados de abril, la Policía local arrestó al menos a 14 activistas del movimiento prodemocrático por presuntamente haber organizado protestas no autorizadas durante el año pasado.
Las protestas comenzaron como oposición a una polémica propuesta de ley de extradición -ya retirada- que, según abogados y activistas, podría haber permitido a Pekín acceder a «fugitivos» refugiados en la excolonia británica.
Estas manifestaciones movilizaron desde junio a cientos de miles de personas y dejaron graves enfrentamientos con la policía, a la que acusan de abusar de su poder a la hora de disuadir las protestas.
