Chacumbele

Por Gregory Castellanos Ruano

Es tan harto sabido quién fue Chacumbele y porqué es tan conocido que creo innecesario tratar ambos puntos. Con el título basta…

Pretendiendo zafarse de las facultades legítimas de auditar el manejo y destino de los fondos públicos que tiene la Cámara de Cuentas, el presidente del Colegio de Abogados ha ejercido una acción por ante el Tribunal Constitucional de la República Dominicana que es denominada “Acción en solución de conflicto de competencia entre poderes públicos“.

Dicha acción está prevista por el Numeral 3 del Artículo 185 de la Constitución que dispone:

“Artículo 185.- Atribuciones. El Tribunal Constitucional será competente para

conocer en única instancia:

1.- Las acciones directas de inconstitucionalidad contra las leyes, decretos,

reglamentos, resoluciones y ordenanzas, a instancia del Presidente de la

República, de una tercera parte de los miembros del Senado o de la Cámara de

Diputados y de cualquier persona con interés legítimo y jurídicamente

protegido;

2.- El control preventivo de los tratados internacionales antes de su ratificación por

el órgano legislativo;

3.- Los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia de uno de

sus titulares;

4.- Cualquier otra materia que disponga la ley.“

Hay que retener que dicho Numeral 3 de dicho Artículo 185 habla de: “ Los conflictos de competencia entre los poderes públicos, a instancia de uno de sus titulares;“

En fin: a lo que alude dicho Numeral 3 es a “conflictos de competencia entre los poderes públicos“.

Dicho señor, Heliogábalo redivivo, basaba su negativa a que la Cámara de Cuentas auditara sus gestiones en el alegato de que el Colegio de Abogados es simplemente “un gremio“, cosa que repetía incesantemente a contrapelo de que el Artículo 2 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados lo define como “una corporación de Derecho Público Interno“, es decir, dicha Ley Orgánica no lo define como una entidad de Derecho Privado Interno, sino como una entidad “de Derecho Púbico Interno“.

¿Y qué es el Derecho Público Interno? Es de conocimiento elemental que el Derecho Público Interno es el que organiza internamente al Estado. En efecto, al respecto la Suprema Corte de Justicia ha dicho: “Considerando, que este alto tribunal ratifica el criterio externado en su sentencia del 9 de febrero de 2005, según el cual: “Considerando, que conviene precisar, antes del análisis de la incidencia de las convenciones mencionadas sobre la ley cuestionada, cuya superioridad se aduce frente al `derecho interno` por ser aquellas normas del Derecho Internacional que `el Derecho Interno`, por oposición al primero, `es el conjunto de normas que tienen por objeto la organización interna del Estado`,..““  (Sentencia No. 3 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, del 8 de Diciembre del 2010, Boletín Judicial No. 1201, página No. 20)

Ahora resulta que todo aquel primer discursejo papagayesco de repente es contrariado y substituído por dicho mismo presidente del Colegio de Abogados con esa acción que incoó en base al Numeral 3 del Artículo 185 de la Constitución. ¡Lo que es la desesperación!

Al incoar esa acción por ante el Tribunal Constitucional está admitiendo que el Colegio de Abogados no es simplemente un gremio, sino que es lo que dice el Artículo 2 de la Ley 3-19, esto es, una corporación de Derecho Público Interno, es decir, una entidad (aunque autónoma, descentralizada y facultada para elegir a sus directivos) que tiene carácter estatal porque la ley 3-19 le da ese carácter en dicho Artículo 2.

Si el Colegio de Abogados es “un simple gremio“ entonces, ¿porqué ejerce una acción que sólo un “poder público“ o “institución estatal“ puede incoar, según el Numeral 3 del Artículo 185 de la Constitución?

La Ley Orgánica de la Cámara de Cuentas faculta a esta a auditar a cualquier institución (pública o privada, no importa su naturaleza) a la cual le ingresen fondos públicos, y al Colegio de Abogados la mayor parte de los ingresos que le llegan los obtiene a consecuencia del Estado entregárselos porque existe un impuesto de cincuenta pesos dominicanos (RD$50.00) que tiene que pagar prácticamente por cualquier instancia o por cualquier diligencia judicial cualquier ciudadano dominicano que quiera reclamar o proteger un derecho en Justicia. Pero hasta la misma Ley 3-19, Orgánica del Colegio de Abogados, faculta expresamente a la Cámara de Cuentas a auditar a dicho Colegio de Abogados.

¡Estamos viendo literales  patadas de ahogado!

La confesión que contiene el ejercicio de esa acción fundada en el Numeral 3 del Artículo 185 de la Constitución le da todavía mucho más fuerza a la Cámara de Cuentas para proceder a auditar las gestiones del señor Surún Hernández al frente del Colegio de Abogados, pues él está reconociendo que dicho Colegio de Abogados (aunque autónomo, descentralizado y facultado para elegir a sus directivos) tiene carácter estatal, tal cual se desprende meridianamente del referido Artículo 2 de la Ley 3-19.

Ahora bien, el ejercicio de dicha acción, hija evidente de la desesperación, no tiene efecto suspensivo y, por ende, la Cámara de Cuentas puede acudir, ante la conocida negativa a permitir auditar, por ante el Ministerio Público a los fines legales correspondientes.

Así mismo, dicha acción del presidente del Colegio de Abogados, en representación de este, está condenada irremisiblemente al fracaso porque no existe “conflicto de competencia“  alguno  “entre el Colegio de Abogados y la Cámara de Cuentas“. Eso es tan sólo una mascarada absurda, un subterfugio jurídico de mala muerte que está totalmente divorciado de tener el más mínimo hálito jurídico tanto de veracidad como de viabilidad.

Los acontecimientos apuntan en la dirección de que estamos presenciando una nueva edición de un capítulo idéntico al de Rufete en Lorca y al de Almagro en Cachamca.

…Toques de campana de difunto… Sombras y siluetas de mausoleos y minaretes de los muertos levantándose desde la necrópolis…

Por Lic. Gregory Castellanos Ruano

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