EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO,Distrito Nacional.- El Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo, SJ (Centro Montalvo), junto a decenas de organizaciones campesinas del país, analizó la pertinencia del anteproyecto de ley general del sector agropecuario y el desarrollo rural, y exige que se establezcan reglas y políticas agropecuarias razonables, eficientes y justas, que obliguen al gobierno a manejar de forma más eficiente, sin opacidad ni paternalismo político, el gasto público que se destina al sector agropecuario.
Roque Féliz, vocero del Centro Montalvo, exigió que las autoridades pongan en marcha las políticas y las metas agropecuarias que fueron concertadas en la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, aplicar medidas que contribuyan a la seguridad alimentaria preservando la multifuncionalidad de la agricultura, respetando el equilibrio y la complementariedad de los diferentes actores del sector agropecuario y regulando con rigor los agentes del mercado que pretenden sacar beneficios extraordinarios a costa de los ecosistemas y los medios de vida rurales.
Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco del análisis de coyuntura que el Centro Montalvo realiza el primer sábado de cada mes. En esta ocasión, el análisis tuvo como invitados especiales a Guadalupe Valdez, Embajadora Especial Hambre Cero de la FAO para América Latina y El Caribe; Luis Cabrera de la Articulación Nacional Campesina, Martín Nivar del Movimiento Campesino Dominicano, Rufino Herrera de los pequeños Caficultores de la Región Sur, Juana Ferrer de la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas y Hecmilio Galván de la Confederación Nacional de Productores Agropecuarios.
Guadalupe Valdez destacó la importancia de la agricultura familiar para mejorar la seguridad alimentaria, e indicó que la nueva ley de agricultura y desarrollo rural de República Dominicana debe estar acorde con la iniciativa Hambre Cero asumida por Naciones Unidas, la cual tiene como objetivos principales que todos los sistemas alimentarios sean sostenibles, aumentar un 100% la productividad y el ingreso de los pequeños productores, cero desperdicio de alimentos y pérdidas post-cosecha, que el 100% de las personas tengan acceso a una alimentación adecuada, durante todo el año, y cero retraso en el crecimiento en niños y niñas menores de dos años.
Luis Cabrera y Rufino Herrera indicaron que asegurar y aumentar el volumen de los agro-negocios por sí solo no garantiza desarrollo rural ni seguridad alimentaria. Por eso es importante que la nueva ley, más allá de asumir enunciados generales identificados con la seguridad alimentaria, debe establecer con claridad el carácter social de la agropecuaria y su necesaria vinculación con la equidad económica y la soberanía alimentaria.
Roque Féliz indicó que el fomento de la competitividad en el sector agropecuario no es ilimitada, pues existen derechos de los consumidores y de las comunidades, a la inocuidad de los alimentos, a la seguridad y la sostenibilidad medio ambiental, a que se desarrollen sistemas de producción preservando un entorno rural saludable, aspectos que deben ser garantizados y desarrollados ampliamente en la ley.
Juana Ferrer indicó que la mujer rural siguen siendo hoy el sector más pobre de ingresos, el que menos recursos controla, en especial el recurso tierra, crédito, asistencia técnica, tecnología y tiempo.
El esfuerzo que la mujer rural hace para llevar alimentación a sus hogares es de extrema importancia, y mientras no se vincule ese esfuerzo con el trabajo, tanto remunerado como no remunerado de las mujeres, con políticas públicas justas de género, continuaremos frente a un desafío importante. Una nueva ley agropecuaria tiene que incorporar las necesidades específicas de las mujeres y avanzar en la reducción de las brechas que producen y refuerzan desigualdades de género en el área rural.
Roque Féliz cuestionó que esta iniciativa de ley tome cuerpo y pretenda orientar estratégicamente la política agropecuaria del país, sin que antes el Gobierno Central haya llevado a cabo un Censo Nacional Agropecuario, que permita conocer cuál es la realidad de la agropecuaria nacional, qué ha ocurrido con la estructura agraria desde 1981 cuando se hizo el último Censo y cuáles son las tendencias actuales del mercado que constituyen oportunidades y amenazas para la soberana alimentaria y el desarrollo rural de la nación.
En la actividad participaron decenas de organizaciones campesinas de varias regiones del país, grupos de base comunitaria, líderes de base y activistas de los movimientos sociales que promueven los derechos económicos y sociales y el desarrollo agropecuario.
