EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Graves observaciones hizo el pleno de la Cámara de Cuentas en sus conclusiones al Informe de la Ejecución Presupuestaria y Rendición de Cuentas Generales del Estado 2016, enviado al Congreso Nacional, y que van desde falta de cumplimiento metodológico, cifras no aclaradas, “cero información sobre montos ejecutados” y que aún existen instituciones que no registran sus operaciones y transacciones financieras, entre otras anomalías.
Además, de un total de 341 presupuestos recibidos solo 36, equivalente al 10.56%, cumplió con lo establecido en el párrafo I del artículo 71 de la Ley 423-06, Orgánica de Presupuesto para el Sector Público y el artículo 328 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, anteriormente citadas, sobre la entrega a tiempo de documentos de sus gastos.
Después de auditar la Ejecución Presupuestaria contenida en la cuenta Ahorro Inversión-Financiamiento (CAIF), la deuda del sector público no financiero y realizar el análisis y evaluación de la Ejecución Presupuestaria y la Rendición de Cuentas Generales del Estado, correspondiente al ejercicio fiscal terminado el 31 de diciembre de 2016, tomando como base el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas –ERIR- la CCRD presentó sus conclusiones y recomendaciones a la Cámara de Diputados para fines de aprobación.
Aunque los estados de la ejecución del Presupuesto del Estado para el citado ejercicio fiscal presentaron, en términos generales, todos los aspectos relevantes sobre el desempeño financiero y presupuestario del Gobierno Central y las Instituciones Descentralizadas y Autónomas, las Municipalidades y las Asociaciones Sin Fines de Luccro; en el análisis y la auditoría de los estados e informaciones financieras e informes presentados a esta Cámara “se evidenciaron los incumplimientos e inobservancias, que se detallan a continuación:
Entre ellas cita: “Se verificó la estructura de contenido del Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas –ERIR-, de conformidad con lo establecido en los artículos 13 y 14 de la Ley 126-01.”
Como en años anteriores, se verificó que el ERIR no incluyó los aspectos siguientes: Estado de la gestión financiera consolidada del Sector Público no Financiero, con sus resultados operativos, económicos y financieros. Su cumplimiento es competencia de la DIGEPRES. Hasta el momento este Órgano Rector no ha definido una metodología que permita realizar el cotejo de las transferencias interinstitucionales y la consolidación de la cuenta económica de ingresos y gastos de todos los del Sector Público.
Grado de cumplimiento de objetivos y metas de la producción pública, para lo que se requiere la puesta en marcha del presupuesto orientado a resultados, en lo que se ha avanzado, sin llegar aún a la meta trazada; comportamiento de costos e indicadores de eficiencia de la producción pública, que debe ser preparado por la DIGEPRES y presentado a la DIGECOG para la elaboración del ERIR, “esto no se elaboró a la fecha”.
“Los valores presupuestarios expuestos tanto en el Sistema Integrado de Gestión Financiera SIGEF como en el ERIR, son similares en los distintos clasificadores de ingresos”.
En lo que respecta a los gastos, las fuentes y las aplicaciones financieras, evidenciaron incompatibilidades, sobre todo en los registros de la Deuda Pública y las disponibilidades.
“En atención a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley 260-15, para cumplir los compromisos con el Banco Central, se asignó la suma de RD$22,750.5 millones, equivalentes al 0.7% del PIB. Según el Banco Central de la República solo se registraron intereses devengados por RD$5,263.2 millones”.
“El saldo de endeudamiento del Sector Público No Financiero –SPNF- mostrado por la Dirección General de Crédito Público –DGCP- al cierre del ejercicio fiscal , en sus observaciones y conclusiones, recomendaciones la CCRD, e informe al Congreso, expresa que fue de RD$1,247,647.95 millones, mientras que el Estado de Recaudación e Inversión de las Rentas –ERIR- elaborado por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental –DIGECOG- presentó un monto de RD$1,246,157.26 millones, lo que reflejó una diferencia de RD$1,490.69 millones.”
De acuerdo a las informaciones de la Dirección General de Crédito Público-DGCP-, la ejecución de recursos por financiamiento, ascendente a RD$314,686.79 millones, significó la obtención de desembolsos de un 81.63% por encima del valor autorizado en la Ley 260-15 de PGE ascendente a RD$173,259.7 millones.
“Según las informaciones recibidas de la Dirección General de Crédito Público –DGCP-, el total pagado por servicio de la deuda ascendió a RD$292,743.01 millones, un 91.95% por encima de los RD$152,505.41 millones mostrados por el SIGEF.”
Explica la Cámara de Cuentas en sus conclusiones que “en la Política Presupuestaria se contempló un gasto tributario para el ejercicio fiscal 2016 de RD$212,378.9 millones, 6.5% del PIB y 43.58% de los ingresos tributarios percibidos. Sin embargo, no se dispuso de información respecto al monto ejecutado.
“El artículo 22 de la Ley 260-15 contempló la incorporación de RD$9,336.4 millones de los ministerios y sus dependencias a la Cuenta Única del Tesoro-CUT-. A la fecha de cierre se incorporó la suma de RD$5,869.57 millones. Además, se registraron gastos de las mismas instituciones por este concepto, ascendentes a RD$3,920.25 millones.”
En la política presupuestaria de gastos se contempló mantener la nómina pública en los niveles del año 2015, por un monto de RD$86,095.43 millones, 2.65% del PIB, sin incluir nuevos aumentos de policías, militares, personal docente y de salud pública; mientras que la cantidad ejecutada fue de RD$124,533.52 millones, el 3.74% del PIB, para un incremento de 1.41% del PIB. „
A pesar de que el Ministerio de Hacienda dispuso mediante resolución que todas las Instituciones Públicas Descentralizadas y Autónomas y de la Seguridad Social, registren en el SIGEF todas sus operaciones presupuestarias de ingresos y gastos, se observó en los reportes extraídos de dicho sistema que aún existen instituciones que no registran sus operaciones y transacciones financieras.
“La presión fiscal estimada fue de 14.1% del PIB y se logró el 14.54%, ligeramente por encima del estimado, pero por debajo del 16% definido en la Ley sobre la Estrategia Nacional de Desarrollo -END- 2030.”
“Se observó en los presupuestos de las entidades que entregaron sus informes completos, que solo en la cuenta de gasto de personal se mantuvieron en el porcentaje establecido en el artículo 21 de la Ley 176-07 y en los demás presentaron desviaciones”.
POR LILLIAM MATEO
