CCRD: Auditoría financiera 2016 a CD revela violaciones e irregularidades

Por Liliam Mateo lunes 14 de septiembre, 2020

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. El informe de auditoría realizado por la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD) a los estados financieros de la Cámara de Diputados en el periodo enero-diciembre de 2016, reflejó debilidades, irregularidades y violaciones a la Ley núm. 146-06, sobre Compras y Contrataciones.

La auditoría comprendió una parte de la gestión de Abel Martínez Durán y Lucía Medina, expresidentes de la Cámara de Diputados; indica que la evaluación efectuada a la estructura de control interno de la Cámara Baja presentó debilidades que “requerirán ser superadas en el menor tiempo posible, ya que su permanencia expone sus recursos a que sean aplicados en forma incorrecta, afectando el desarrollo institucional”.

La comisión de errores incluyó la realización o concesión de contratos de obras sin la modalidad de selección, es decir, sin concurso.

De acuerdo con ese informe, ese órgano legislativo hizo pagos por gastos de representación “sin reglamentos” por un monto de $79,373,739, pesos sin emitir la reglamentación interna para para tales fines.

“La entidad realizó contratos para el remozamiento y mantenimiento general de varios bloques del edificio, desembolsando la suma de $40,804,108 pesos, sin evidenciar el proceso de selección de comparación de precios, violando la Ley núm. 340-06, sobre Compras y Contrataciones de Bienes y Servicios”, señala.

Sobre este señalamiento los expresidentes Abel Martínez Durán y Lucía Medina respondieron a la CCRD, aclarando que “se aplicó la modalidad de invitación a varios proveedores” para la contratación que consistió en mantenimiento a oficinas de los 190 diputados.

En sus conclusiones sobre este tema, los auditores expresan que “las autoridades de la CD respondieron en su réplica que la entidad no suministró evidencias de las invitaciones a los distintos oferentes”.

Durante ese periodo la CD hizo contratos de servicios con suplidores no registrados como proveedores del Estado, según el informe de auditoría realizada”.

Durante los análisis registrados a los gastos de servicios de publicidad y alquiler de arrendamiento, se observó el pago de $5,182,570 y $45,875 dólares a suplidores sin estar registrados como proveedores del Estado.

Registros incorrectos: 

La Cámara de Cuentas verificó registros incorrectos que afectan la presentación de diversas partidas del gasto en el periodo auditado, por un monto de $207,429,044 pesos, detallados o distribuidos en sueldos fijos, sueldos por servicios especiales, otros servicios no personales, ayudas y donaciones a personas para reparación y mantenimiento, llantas y neumáticos, instituciones sin fines de lucros, reparación y mantenimiento, impresión.

 Contratos de consultorías sin proceso de selección 

 La entidad contrató los servicios de consultores externos sin aplicar el proceso de selección, entre ellos, al ingeniero Carlos José Yunen Bojos, quien fue contratado el 26 de octubre de 2016 y recibió $11 millones de dólares para la consultoría destinada a la actualización y evaluación del Plan Estratégico de la Cámara Diputados para el periodo 2017-2020.

Cercus Golding, SRL, representante de Héctor Miguel Vargas, también fue contratado el primero septiembre de 2016 por $250,000 pesos mensuales para ofrecer los servicios de consultoría en el monitoreo de cobertura mediática de la Cámara de Diputados con la prensa; Green Charm Holding, representante Wendy Moreno Vizcaino, fue contratada el primero de octubre de 2016, con un monto de $250,000 pesos mensuales, para ofrecer servicios de consultoría en la construcción de la imagen pública y reputación digital de la CD.

Sobre estas irregularidades en su conclusión, el organismo expresó a ambos presidentes: “Vista las disposiciones de la Ley núm. 340-06, que establece los lineamientos para la contratación pública, lo cual debe cumplirse siempre, la institución admite que las contrataciones fueron realizadas atendiendo a criterios de continuidad, lo cual no está contemplado en la ley”, por lo que recomendó instruir al Comité de Compras y Contrataciones aplicar las normas requeridas y establecer mecanismos de control”.

Debilidades encontradas al programa de ayudas

 “En la revisión de los desembolsos correspondientes a la cuenta de ayudas y donaciones del programa de ayuda de los diputados, observamos endosos de los cheques cancelados por el banco por un monto de $6,952,184 pesos, endosados y cambiados por la misma persona y depositados en la misma cuenta”, refiere.

A esta situación la CD respondió a la CCRD que el Reglamento Interno para Manejo de los Programas Sociales Fijos establece que la administración, asignación y distribuidores y entrega de cheques es responsabilidad del diputado; por lo tanto, el endoso final por cada beneficiario de sus respectivos cheques no puede estar controlado por estas administraciones.

Ayudas para diputados, reparación e hipotecas “que demuestren que no pueden ser cubiertas por ellos, en ese caso la Cámara de Cuentas le recomendó que las ayudas sean otorgadas a personas de escasos recursos que demuestren la necesidad para ella.

Al realizar el análisis de la cuenta de ayudas a personas se observan pagos por $550,000 a diputados por concepto de reparación de sus vehículos e hipotecas de viviendas, distribuidos en partidas de $50,000, $75,000, $300,000.

De acuerdo con la citada auditoría financiera, en 2016, en el restaurante, los auditores verificaron falta de reconocimiento y presentación de los ingresos extraordinarios por montos de $3,823,021 y $3,121,510 en sus estados financieros, pertenecientes a las partidas percibidas por el restaurante del Congreso y el Club del Legislador.

Según el informe de ingresos y egresos del restaurante, debió aparecer la suma de $5,505, 368 y presenta una diferencia de $3,283,021 pesos.

Mientras que, de ingresos y desembolsos del Club del Legislador, según el estado financiero, este debió registrar unos $17, 427,351 pesos, pero tuvo una diferencia de $3,125,510 peso no registrados, es decir, que la información financiera no llegó completa a la Cámara de Cuentas.

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