Causa revuelo voto disidente del magistrado José Alejandro Vargas en caso del juez Moisés Ferrer

Por El Nuevo Diario lunes 18 de octubre, 2021

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -Ha causado revuelo el voto disidente del magistrado José Alejandro Vargas, tras Tribunal Constitucional publicar la sentencia TC/0364/21, mediante la cual se decidió que el juez Moisés Alfredo Ferrer Landrón sea colocado en su puesto como titular de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia.

Con esa sentencia se le ordenó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) la reposición del magistrado Ferrer Ladrón en su puesto como juez titular de la Tercera Sala de esa Alta Corte y que se abstenga dicha corte de promover, en lo inmediato o en el futuro, su traslado a cualquier otra sala.

Acogiendo el TC, la acción de amparo interpuesta por el magistrado, en procura de que sea reintegrado a esa sala, que conoce asuntos laborales, de tierra y administrativo, luego que el Pleno de la SCJ dispuso su traslado a la Segunda Sala, que conoce la materia penal.

Con esta decisión se le otorgó un plazo de 30 días calendarios, a contar a partir de la fecha de la notificación de la sentencia, que fue el pasado viernes, para que el Pleno de la Suprema cumpla con el mandato.

También se le impuso el pago de una astreinte de RD$10,000.00 por cada día de retardo en la ejecución de la decisión contra el Pleno de la SCJ, a favor del magistrado Ferrer Landrón, el cual empezará a ser contado a partir del vencimiento del plazo de los 30 días otorgados para que sea ejecutado el fallo.

De acuerdo a un comunicado de prensa, llama la atención el hecho de que la decisión no fue adoptada a unanimidad de los magistrados que componen el pleno del Tribunal Constitucional, contando con un voto salvado del magistrado Manuel Ulises Bonnelly Vega, y el voto disidente del magistrado José Alejandro Vargas Guerrero, estableciendo este último, que el recurso interpuesto por Ferrer Ladrón, no debió ser acogido, sino declarado inadmisible y, en consecuencia, confirmar la sentencia núm. 0030-03-2021- SSEN-00121, de fecha 5 de abril de 2021, dictada por la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA).

El magistrado Guerrero, en su voto disidente hizo una explicación detallada de los diferentes puntos en los cuales difiere con la decisión adoptada por la mayoría de los jueces que componen el plenario del TC, indicando incluso que con esa decisión el máximo órgano garante de velar por el fiel cumplimiento de la Constitución, motiva inferencias que alientan tesis de que en el caso ocurrente el Tribunal Constitucional desbordó el juicio de constitucionalidad en sus ponderaciones, obviando que es un órgano extra poder, dotado solamente de un carácter interpretativo, sin contar con la habilitación legítima para asumir competencias propias de otros poderes del Estado.

Por otra parte, Vargas afirmó en su voto, que el TC ha declarado la inadmisibilidad en casos con fácticos similares a éste, por considerar que la jurisdicción contencioso administrativa es la vía idónea para el conocimiento de dicha acción. Entendiendo el magistrado, que los precedentes, que en ese mismo sentido ha dictado, esa Alta Corte, son aplicables en este tipo de casos, y en la especie, se trata de situaciones similares concernientes a perseguir la anulación de un acto administrativo vinculado al ejercicio de la función judicial, por tanto, tales cuestionamientos corresponde examinarlos y valorarlos a la jurisdicción contencioso administrativa, previo apoderamiento de un recurso contencioso administrativo, el cual constituiría la vía efectiva en este caso, tal y como fue decidido por el Tribunal Superior Administrativo.

Asimismo, el comunicado detalla que Vargas Guerrero indicó que atendiendo a la motivación de la sentencia TC/0364/21, se les añadió a los artículos 4 y 5 de la Ley núm. 25-91, no sólo la facultad, competencia o habilitación al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de poder realizar movimientos entre las salas, “sino también los requisitos para ello, particularmente, la necesidad de consentimiento”.

Explica que de esa forma se auto habilitó “el Tribunal Constitucional, para rebasar su competencia interpretativa e internarse en la esfera del legislador; ya que según explica el Magistrado Vargas, el juez Moisés Ferrer no planteó una excepción de inconstitucionalidad, por lo que no se explica cómo el TC, suple una pretendida omisión legislativa, cuestión ajena al amparo y más propia de una acción de inconstitucionalidad y su correspondiente tipología de sentencias, específicamente, una sentencia interpretativa aditiva”.

 

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