Caso Odebrecht: rol de las instituciones financieras en la lucha contra la corrupción y el soborno

Por Paola Clisante lunes 14 de enero, 2019

No cabe duda de que el caso Odebrecht ha sido el de mayor notoriedad en términos corrupción, soborno, lavado de activos y otros delitos afines que ha surgido en Latinoamérica y, por supuesto, en República Dominicana.

Odebrecht, declarada como la principal empresa constructora de la región, con presencia en 27 países del mundo e integrada por miles de empleados, reconoció ante el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pago de más de 92 millones de dólares a favor de autoridades y funcionarios públicos dominicanos entre los años 2001 y 2014, siendo favorecida con más de 163 millones de dólares como resultado de los sobornos que esa entidad orquestó en República Dominicana.

Esta suma constituye el 11.7% del monto total de dinero repartido en 12 países durante el período en cuestión.

Localmente, el proceso investigativo seguido en perjuicio de la Constructora Odebrecht inició en diciembre de 2016. En junio de 2018, la Procuraduría General de la República presentó acusación y solicitó apertura a juicio contra 7 personas vinculadas al caso, entre ellos exministros, expresidentes del Senado, exfuncionarios, legisladores, empresarios y abogados con aparente implicación en los sobornos que Odebrecht admitió haber pagado para la adjudicación de obras públicas, y cuya próxima audiencia será celebrada el jueves 23 de enero de 2019 ante el Juzgado de Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia.

En el marco de esta acusación, la Procuraduría destacó que este proceso “implicó investigar a más de 400 personas y compañías, resultando de la misma una exhausta revisión de más de 800 mil transacciones y operaciones financieras correspondientes a más de 1,500 productos, entre los que se encuentran cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos, líneas de crédito y certificados, lo que ha permitido recolectar los elementos de prueba que sustentan la acusación”.

Por supuesto, se cae de la mata que Odebrecht, en el ínterin de la amplia dinámica de sobornos que compuso, no sólo pagó en efectivo aquellos 92 millones de dólares. De esto se colige que nuestro sistema financiero, en un momento o en otro y bajo una circunstancia o la otra, asintió a las transacciones que fueron producidas como resultado de ello.

No escatimemos; de posibilidades podemos hablar bastante: no existencia (o caso omiso) de programas de prevención efectivos relativos a la procedencia y origen de fondos, al conocimiento del cliente e identificación del beneficiario final, que da al traste, naturalmente, a una debida diligencia inoperante y, en consecuencia, a la lacerante permisión de flujo de dinero sucio en la economía.

Este caso, así como otros a escala global, plantea serias dudas acerca de qué tan comprometidas están algunas entidades de intermediación financiera en la paralización y rechazo de fondos potencialmente corruptos.

La corrupción, que es el resultado de la suma de monopolio, discrecionalidad e impunidad dividida entre transparencia, es una prioridad en los temas de vida nacional, por tanto, debe reflejarse en el marco legal del país y en la forma en que se mide el cumplimiento en estructuras de carácter financiero, sobre todo si se trata de aristas tan corrosivas para la economía y progreso de una nación en desarrollo o en transición.

Para un país que se esfuerza en reducir la corrupción, el primer paso que debería procurar es el establecimiento de un sistema financiero que funcione: que se cumpla y se supervise. En países desarrollados, por ejemplo, se suele premiar a los bancos para que asuman esto con primacía a través de ciertos incentivos, como es la exclusión de la posibilidad de obtención al crédito de aquel que ha corrompido o se ha dejado corromper, lo cual -de alguna manera- sirve como mecanismo para neutralizar su participación en la economía.

Efectivamente, la lucha contra la corrupción, el soborno, el lavado de dinero, el narcotráfico y sus delitos derivados implica un cambio sistemático tendente a la garantía de transparencia como prioridad y la efectividad en su implementación.

No se trata únicamente de proporcionar un marco anticorrupción, antisoborno o antilavado, sino de hacerlo efectivo. Un empresario o un político corrupto tiene la oportunidad de salir bien parado siempre que haya un sistema que lo permita. Por esto, las instituciones financieras son cruciales para el éxito de las políticas de prevención y, bajo ese espíritu, deben reconocer que el dinero ilícito es un impedimento significativo para el avance de un país, pues destruye los ingresos del Estado y obstaculiza gravemente el desarrollo sostenible.

[1] Procuraduría General de la República, [consulta: 03 de enero de 2019] Disponible en: http://pgr.gob.do/2018/06/07/procuraduria-somete-a-siete-personas-por-caso-odebrecht/.

 

Por: Paola Clisante

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