EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado Carlos Rubio, aspirante a la Presidencia de la República por el movimiento “Gobierno Limpio”, afirmó este martes que el Gobierno del presidente Danilo Medina usa el caso Odebrecht para amedrentar a la oposición y así maniatarla e invalidarla, con el fin de permanecer en el poder.
Entrevistado por Jaime Rincón y Leonardo Jáquez en “El Nuevo Diario A.M.”, programa de la plataforma “El Nuevo Diario TV”, Rubio aseguró que la oposición «no quiere jugársela» frente al Gobierno, porque líderes opositores tienen una gran complicidad con el régimen. Así, según él, Hipólito Mejía es aliado del mandatario, Luis Abinader tiene intereses empresariales y Jesús «Chú» Vásquez fue incluido en el expediente de Odebrecht.
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Denuncias de corrupción
El activista político reiteró que solo le faltan dos pruebas para sustentar una grave denuncia de los supuestos actos de corrupción cometidos por el ministro Administrativo, José Ramón Peralta. En tal sentido, declaró que no someterá un expediente porque el procurador general lo engavetaría, y dijo que por eso hará una gran denuncia para que la gente se entere.
También reiteró que el ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, incurre en actos de corrupción comprando aeronaves a un costo superior a los 150 millones de dólares. Asimismo, destacó que el patrimonio del funcionario se ha triplicado en los últimos años.
De igual modo, resaltó y criticó que el patrimonio del procurador general, Jean Alain Rodríguez, ascienda a 286 millones de pesos, cuando su trayectoria laboral no justifica semejante fortuna.
Marcha Verde
Rubio arremetió contra la Marcha Verde porque, según él, ese movimiento se desnaturalizó promoviendo la causa gay y el prohaitianismo. Sin embargo, aclaró que algunos grupos son honestos y llevan una lucha sincera.
De paso, definió su posición frente a esas dos cuestiones: dijo que no acepta el matrimonio entre homosexuales y que no quiere haitianos ilegales en el país.
A su juicio, lo que procede es que los empresarios le notifiquen al Gobierno la cantidad de haitianos que necesitan y que los demás sean deportados. Además, entiende que la frontera debe ser sellada para evitar la penetración de indocumentados y el contrabando.
