A mediados del mes de agosto de este año, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS en inglés), anunció nuevas reglas que pondrán en vigor a partir del 15 de octubre, para aplicarse a los inmigrantes que podrían considerarse carga pública.
Un inmigrante se convierte en carga pública cuando recibe ciertos beneficios en Estados Unidos (dinero del gobierno a través de uno de sus programas, beneficios no económicos como cupones de alimentos, ayudas a la vivienda, y otros). Esto conforme al artículo 212(a) (4) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, conocida en inglés por sus siglas INA. De acuerdo a estas reglas podrán negar la tarjeta de residencia permanente a una persona que se considere que es carga pública o podría serlo en el futuro.
En el caso de que un familiar, ciudadano o residente, realice una petición a su pariente, el patrocinador, responde durante 10 años por la persona patrocinada, en el momento de la firma de una declaración de sostenimiento económico.
Otro caso de carga pública es cuando una turista da a luz un bebé en un hospital de Estados Unidos y no paga la factura del parto, constituyéndose en carga pública. En este caso las autoridades de migración pueden revocar o no renovar la visa.
Algunos personas están excluidas de las nuevas reglas: los refugiados, asilados, mujeres embarazadas menores de 21 años, miembros activos del ejército, y el servicio de salud de emergencia.
Es política de inmigración de Estados Unidos que los extranjeros dentro de las fronteras no dependan de los recursos públicos para satisfacer sus necesidades, sino que sean autosuficientes en base a sus propias capacidades y los recursos de sus familias, sus patrocinadores y organizaciones privadas «.
Todo aquel que esté en proceso de obtener su residencia, o que tenga la intención en un futuro de emigrar hacia Estados Unidos debe asesorarse de un experto.
Según una nueva política del gobierno de Trump, desde 1 de octubre de 2018 los migrantes que abusen de beneficios públicos pueden recibir una
Según una nueva política del gobierno de Trump, desde 1 de octubre de 2018 los migrantes que abusen de beneficios públicos pueden recibir una notificación conocida como NTA para presentarse ante un juez migratorio el cual iniciará un proceso de deportación contra el inmigrante por considerarlo carga pública.
Por Homero A. Franco T. (LL.M.)