Los capítulos nacionales de Transparencia Internacional de América Latina y El Caribe expresaron su apoyo a las acciones de movilización, reclamo y demanda del pueblo dominicano por el fin de la corrupción y la impunidad. Así lo manifestaron en el Encuentro Regional en el que participaron los capítulos de países donde la empresa trasnacional Odebrecht realizó operaciones de soborno, entre ellos: Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Perú, Colombia, Brasil, Chile, Argentina y República Dominicana.
El presidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, dijo que la lucha contra la corrupción protagonizada por la ciudadanía dominicana ha servido de inspiración para otros países que enfrentan casos similares.
“Creo que ustedes le están enseñando al mundo el camino a la movilización contra la corrupción; si los pueblos no hablan ni se movilizan, los corruptos nos van a ganar la pelea”, sostuvo.
En la actividad, pasaron un balance por país sobre el curso de las investigaciones sobre sobornos, lavado de activos, financiamiento ilegal político, prevaricación y cohecho realizado por las empresas brasileñas vinculadas al caso Lava Jato para obtener la adjudicación y retención de contratos de mega obras, así como los avances en otros países para la cuantificación de las sobrevaluaciones de los contratos.
En la segunda parte del Encuentro Regional asistieron Carlos Bruno, fiscal de la Oficina de Cooperación Judicial de Brasil; Alonso Peña-Cabrera, fiscal de Perú; y Richard Pilger, fiscal anticorrupción del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.
Bruno explicó que el caso de corrupción Lava Jato tiene la particularidad de ser el primero en el que varias empresas se articulan en un cartel para obtener contratos a través del financiamiento ilegal a políticos. “Pero lo que es difícil comprender, es cómo otros países responden a los mismos problemas, cómo a partir de la financiación ilegal se estructura un esquema criminal que traspasa al sistema político, afectando no sólo al partido en el poder sino a otros partidos políticos”, sostuvo.
Aclaró que el acuerdo de confidencialidad legal entre Odebrecht y la Fiscalía de Brasil será levantado en junio, porque la empresa solicitó un período de gracia de seis meses para poder gestionar acuerdos similares con otros países donde han pagado sobornos, negociando no sólo información sino la posibilidad de continuar operando en los mismos.
El representante del Ministerio Público de Perú, Alonso Peña-Cabrera, presentó los resultados de las investigaciones realizadas, entre estos la orden internacional de extradición de un expresidente, así como la prisión preventiva de varios funcionarios y empresarios como medida de coerción.
Explicó que el esquema delincuencial comprende dos momentos: el de sobrecostos de obras públicas y el de lavado de activos transferidos a paraísos fiscales para lograr identificar las cuentas. Aclaró que “un ministerio público no puede tener amigos sino que debe ser fiel a la persecución penal”.
Enfatizó en la necesidad de orientar a la ciudadanía sobre el impacto de la corrupción y la importancia de la presión ciudadana para enfrentar la impunidad.
“No se puede permitir que personas con mucho poder político y económico utilicen su influencia para impedir ser procesados y condenados”, puntualizó Peña-Cabrera.
