EL NUEVO DIARIO, ASUNCION.- El canciller paraguayo, Eladio Loizaga, calificó hoy de "muy importante" el rechazo de la Corte de Washington de la demanda en contra de Paraguay promovida por una aseguradora italiana, que reclamaba el pago de 95 millones de dólares por una deuda contraída durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).
El fallo se refiere al caso de Gustavo Gramont Berres, un sobrino político de Stroessner que en la década de 1980 fue enviado a Suiza por el dictador como "cónsul itinerante".
Gramont Berres se valió de una garantía falsificada, realizada por él mismo, para recibir préstamos por valor de unos 95 millones de dólares supuestamente en nombre del Estado y con un reaseguro otorgado por la italiana Sace (Sezione Especiale per l’Assicurazione del Crédito all’Esportazione).
En declaraciones a una radio local, Loizaga dijo que la sentencia de la Corte de Washington, divulgada el martes, confirma "lo que el Gobierno siempre sostuvo, que esta demanda de Gramont era un fraude contra el país".
Loizaga agregó que el rechazo de la demanda sirve para limpiar "lo que quedó pendiente desde hace 27 años", y sobre todo recuperar la credibilidad del país a nivel internacional.
Por su parte, el presidente paraguayo, Horacio Cartes, celebró el martes a través de su cuenta de Twitter el rechazo a la demanda y añadió que con la misma "la verdad y la justicia dieron la razón a Paraguay".
La aseguradora italiana Sace había accionado ante un tribunal en Washington contra Paraguay, por una deuda ilegítima de 95 millones de dólares contraída por Gramont Berres hace 30 años, invocando el nombre del Gobierno paraguayo.
Los proyectos de inversión ideados por Gramont Berres, que consistían en una procesadora de cítricos y una planta de productos farmacéuticos, quedaron en la nada, así como la amortización de los préstamos.
En 1993, nueve bancos promovieron una reclamación contra Paraguay para exigir el pago de la deuda que Gramont había contraído, supuestamente con el aval del Gobierno.
A principios del pasado año, el Gobierno paraguayo pidió a la Corte Federal de Estados Unidos que desestimara la demanda en su contra.
