«Nuestros técnicos cumplirán con los procedimientos de auditorías de conformidad con las disposiciones legales y las normativas que rigen la materia a los fines de culminar los trabajos», precisó la Cámara de Cuentas en un comunicado.
Agregó que dicha investigación será presentada «en su tiempo oportuno» a la Procuraduría General de la República y a toda la sociedad dominicana «con resultados precisos apegados a la realidad de los hechos derivados de la ejecución de los trabajos de la investigación especial».
La Cámara de Cuentas tiene desplegado en la actualidad, en las dependencias estatales y en su sede central «equipos multidisciplinarios de contadores, abogados, arquitectos e ingenieros de distintas áreas que desarrollan los trabajos de campo que consisten en análisis financieros, técnicos y legales que se realizan en las diferentes fases de la investigación».
De acuerdo con la información, la institución ha trasladado auditores al Ministerio de Obras Publicas, que realizó junto a Odebrecht la carretera Constanza Jarabacoa, corredor Duarte I y II, carretera Bávaro-Uvero Alto-Higüey-Sabana de La Mar, autopista El Coral-La Romana, Eco-Vía de Santiago, Bulevar Turístico del Este (Bávaro-Punta Cana), ampliación carretera San Pedro de Macorís-La Romana y construcción de la carretera Cibao-Sur.
La empresa también intervino en la construcción del acueducto de la Línea Noroeste, Montecristi (Inapa), Acueducto Hermanas Mirabal, Samaná (Inapa), Hidroeléctrica Pinalito-Constanza (Cdeee), Termoeléctrica Punta Catalina (Cdeee) y Hidroeléctrica de Palomino (Egehid).
«Estamos trabajando apegados a las normas y vamos a cumplir con las tareas y los compromisos asumidos. Seguiremos dando los pasos necesarios para presentar a la ciudadanía resultados apegados a la razonabilidad de la disposición de las obras», concluyó la Cámara de Cuentas en el comunicado.
Odebrecht reveló que distribuyó 92 millones de dólares en República Dominicana entre 2001 y 2014 para conseguir la adjudicación de contratos oficiales.
Por este caso fueron imputadas catorce personas, entre ellas el destituido ministro de Industria y Comercio Temístocles Montás, y el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, así como el empresario Ángel Rondón, señalado por el Ministerio Público como la persona que recibió y distribuyó los sobornos.
El grupo está acusado de sobornos, asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito y lavado de activos, pero todos se encuentran en libertad condicional.
