Desde que se inició en el país el proceso judicial correspondiente al tan sonado caso Odebrecht, relativo a corrupción estatal, y sobrevaluación de obras asignadas, verificado entre algunos políticos del patio y la empresa brasileña mencionada, se encendieron bocinas a granel para emitir declaraciones, opiniones, juicios de valor, etc., tanto en favor como en contra de los supuestos inculpados locales en dichos actos dolosos.
Los comentaristas, comunicadores y abogados entre nosotros, trabajando fuera de los tribunales de la Republica, obviamente, han logrado tener material informativo suficiente (caldo de cultivo), para explayarse a todo dar con respecto a la temática, creyéndose conocedores de las técnicas y normas de Derecho correspondientes. Algunos de los primeros, ni siquiera han leído nunca sobre ésas, para estar hablando sandeces.
Claro, otros con plenos conocimientos referentes, sí han estado exponiendo pareceres con fundamentos en relación con aquellas: respecto del debido proceso necesario a observar; el fardo de las pruebas requeridas; y, en adición, “las intríngulis” de orden político de que está revestida toda acción inherente a la cuestión de que se trata, con obligación de ser contempladas y conjugadas también.
Ahora, tan pronto comenzaran las actividades judiciales, considerándose como el inicio formal de tan importante proceso, los interrogatorios primarios llevados a efecto por el Procurador General de la República; los arrestos posteriores a determinados políticos, y conexos, incluyendo al fuerte lobista señalado para la obtención de provechos económicos en favor de la precitada empresa, señor Ángel Rondón; y, hasta congresistas de la Republica; la designación del juez especial apoderado; como, la convocatoria a juicio para conocer y disponer medidas de coerción, tal en efecto se dictaron, los “sandeceros” de siempre, que se reportan principalmente como bocinas pagadas, para tratar de confundir a la población, y limpiar imágenes manchadas de personas, de inmediato iniciaron sus labores “lamboneriles” de amplio “espectro”.
Sí, esas que se dirigen a procurar jugar con la inteligencia ajena, y defender cosas que ya no se puede continuar tapándoles, por haber trascendido hasta la opinión pública con suficiente nivel de detalles, como en el presente caso, y otros aún pendientes de solución judicial.
Esa gente se ha despachado, a través del bocinaje de costumbre, esgrimiéndose pareceres disparatados en cantidad, como defensas infundadas; y, hasta haciendo predicciones parciales sobre lo que habrá de ocurrir al final de todo, por lo improcedente total de las acusaciones hechas, en su apreciación.
Han puesto además en evidencia clara, la misión asignada sobre sus hombros: ser cajas de resonancia contratadas. También han mostrado la suficiente ignorancia que se tiene sobre asuntos de Derecho. Y, se ha dejado entrever desconocimiento en grande, con relación a determinadas circunstancias inherentes que se presentan en el marco de ese ejercicio, que en ocasiones prevalecen, a los fines de dictaminar sentencias.
De ahí que apareciera un sinnúmero de críticos, opinadores y evaluadores de la sentencia sobre las medidas de coerción que fueran dictadas por el juez especial dispuesto, señor Francisco Ortega Polanco. Claro, no todos iban a estar conformes con las decisiones adoptadas, por parcialidad, conveniencias o amiguismos. ¡Se esperaba!
Se ha hablado también sobre los errores detectados en el expediente acusatorio que laborara el Ministerio Público, que, a pesar de merecer cierta consideración, en verdad no le invalidan, por contener éste los aspectos medulares necesarios, y exigibles por demás, para el apoderamiento judicial correspondiente.
Se debe decir, además, que el objetivo fundamental está planteado en el mismo: procurar el inicio al combate real de la corrupción estatal en el país, y enfrentar la impunidad, en estos tiempos morados, principalmente. ¡Es la diligencia básica que se está haciendo!
Los yerros en que se pueda haber incurrido durante su preparación, amén de cuántos actores con responsabilidad delictiva inherente al bochornoso caso, que se entiende faltan por incluir en la documentación presentada, son subsanables; corregir y complementar es lo que haría falta.
Se ha dicho en adición, que el dictamen del juez actuante fue injusto, parcializado, mal fundado, presupuestado, y que primó más que todo, la presión social que se estaba recibiendo, etc.
No luce el que eso fuera así en todas sus partes, debido al “background” conocido de ese magistrado, en términos de capacidad, experiencia, honorabilidad, manejo del debido del proceso, penal en esta ocasión, etc., reconocido por juristas de fuste nacionales. De seguro él tuvo suficientes razones, que bien ponderó, para concluir de la manera en que lo hizo.
Evidentemente, la presión social a que era sometido, y que se alude, jugó su papel, dada la poca credibilidad que tiene de la justicia dominicana – procedía el tratar de cambiar un poco la imagen -, y los ojos puestos desde el exterior. dando seguimiento al desarrollo del proceso en curso. Además, por cuántos precedentes negativos adornan esa instancia nuestra, en casos de corrupción e impunidad precisamente. ¡Esos factores de ponderación no podían faltar!
En adición, es muy posible que el referido magistrado haya complementado el contenido del material suministrado por el Ministerio Público, con los reportajes de denuncias sobre corrupción, y tenencias ostentosas de políticos hoy arrestados por el caso Odebrecht, que ahora han caído como anillo al dedo.
Tales haberes poco justificados son: bienes inmuebles suntuosos variados, casas-vivienda costosísimas, mansiones para recreo vacacional, carros de lujo, etc., todos incluidos en trabajos realizados por periodistas investigadores importantes del país, y difundidos a través de la televisión nacional hace ya un tiempo. No se olvide, que el juez Ortega Polanco, es un ente humano no aislado de la sociedad en que vive, donde todo trasciende.
Ojalá que esos reportajes también se puedan utilizar como evidencias acusatorias en los juicios de fondo que de seguro vendrán después. Aquí se tienen muchas verdades solapadas que deben salir a relucir. Ya está bueno para seguir engañando a la población, todos estos desaprensivos y farsantes políticos.
Es obvio que, por la naturaleza y complejidad de este caso, con ribetes internacionales incluso, el estar “chachareando” tanto con respecto al mismo, fuera de los tribunales del país, o del exterior, principalmente por parte de gente inepta, lo que puede provocar es que se contaminen los expedientes relativos; que las cosas se enreden en mayor grado; y que por supuesto, algunos de los mencionados como inculpados, puedan salir más perjudicados.
Por consiguiente, tanto los que saben sobre Derecho, y tienen connotada capacidad de análisis en ese orden, como los que no, deben callarse, aun estando autorizados los primeros, y dejar que sean los jueces quienes aquilaten y determinen sobre las posibles liberaciones de culpabilidad, o las condenas que en realidad procedan. ¡Ese no es un juicio cualquiera!
Qué no olviden los “parlantes” a través de los medios de comunicación, “que toda persona se presume inocente, hasta que se le demuestre lo contrario”, máxima jurídica universal; qué solo la verdadera justicia es la que puede incriminar o no, definir, por lo que estar juzgando, u opinando alegremente desde fuera, siempre se reportará como improcedente.
Ahora, sobre lo que sí puede reflexionarse desde el otro lado de las salas judiciales en las presentes circunstancias, es que, a todo servidor público, por lo regular, se le presenta una oportunidad para procurar casarse con la gloria, y debe aprovecharla, pues difícilmente retorne, si es que se deja pasar de largo.
Los dominicanos están más que ansiosos por el combate real a la corrupción estatal y la impunidad; que aparezcan actores contundentes que procedan en contra de esos flagelos, al margen de toda politiquería. El escenario actual sobre corruptores de odebrecht, y corruptos nacionales, bien se presta para lo expresado.
En esta ocasión, tanto al Procurador General de la República, señor Jean Alain Rodríguez, aunque le sería muy difícil por su ligazón directa con la política, como al juez-magistrado a cargo del caso hasta ahora, señor Francisco Ortega Polanco, les llegó su momento, para ir en pos de descollar, destacarse, casarse con la gloria, como dijéramos más arriba. Claro, todo va a depender de la loabilidad, por sus grandes servicios actuales a la nación, tan esperados, que finalmente merezcan sus trabajos. ¡Ojalá puedan lograr la hazaña!