EL NUEVO DIARIO, Guatemala.- La Fiscalía de Guatemala realizó este viernes un allanamiento para dar con Edgar Ovalle, un exdiputado del partido oficialista prófugo de la Justicia desde hace más de un año por su supuesta participación en una matanza perpetrada por el Ejército en la década de los ochenta.
La portavoz del Ministerio Público, Julia Barrera, explicó a los medios de comunicación que la Fiscalía de Derechos Humanos realizó este viernes la diligencia en seguimiento a la orden de captura contra Ovalle, pero agregó que «no fue posible su ubicación en el inmueble» allanado.
Ovalle, prófugo desde marzo de 2017, es un coronel retirado del Ejército que estuvo asignado en la década de 1980 en la Zona Militar 21, en Cobán, en el departamento norteño de Alta Verapaz, donde se cometieron las desapariciones que se enjuician en el bautizado como caso «Creompaz».
En esta misma causa por la que está implicado Ovalle, exdiputado del Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación) que hasta perdió su escaño por no presentarse al Congreso, hay otros ocho militares retirados que ya fueron enviados a juicio oral y público en julio de 2016 por el Juzgado A de Mayor Riesgo por los delitos de desaparición forzada y deberes contra la humanidad.
El caso es conocido como «Creompaz», ya que en la antigua zona militar 21 -donde fueron encontradas varias víctimas- funciona ahora el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (Creompaz).
Este lugar, según las denuncias, «fue utilizado como centro clandestino de detenciones ilegales, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y violaciones» durante el conflicto armado.
El abogado Héctor Reyes, del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (Caldh), querellante adhesivo en esta causa, explicó a Efe que el inicio de este juicio no se ha producido por dos amparos que están pendientes de resolución y que están deteniendo continuar con las audiencias para el ofrecimiento de prueba.
Uno está presentado por la Coordinada de Víctimas de Alta Verapaz contra la decisión de la jueza de no darle participación como querellante definitivo en esta causa, solo como agraviado, y otro por la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala contra la jueza por no pronunciarse sobre los derechos de violencia sexual que les imputaba la fiscalía.
El letrado aseguró que la vista pública para conocer este último está programada para este viernes 14 de diciembre en la Sala de Femicidio y otras formas de Violencia Contra la Mujer.
Aunque reconoció que el retraso en la resolución de estos amparos se debe a la «moral normal» del sistema judicial guatemalteco, Reyes mostró su confianza en que el próximo año pueda comenzar el juicio, pues los amparos presentados por la defensa, al menos unos 15, ya fueron todos declarados sin lugar.
Por EFE
