Lo que consolida un sistema de consecuencias es que nadie se escape de las faltas que comete en el desempeño de sus tareas y sus responsabilidades ciudadanas.
Sólo así podemos vivir en un régimen democrático razonable y duradero. Nuestro país, la República Dominicana, ha instituido una mala práctica de enviar a sus casas a jueces, fiscales, militares y policías que son separados de sus funciones, atribuyéndoles faltas en el cumplimiento de sus roles. Lo mismo ocurre con funcionarios públicos en distintos niveles.
Algunos acusados de traficar con drogas, recibir sobornos, corrupción y otros ilícitos son separados sin ser sometidos a la acción de la justicia y quedan consagrados como buenos ladrones.