EL NUEVO DIARIO, BRUSELAS.- La Comisión Europea ha dado este viernes un ultimátum a Polonia para que modifique su legislación a fin de asegurar que no viola la independencia judicial y ha amenazado con presentar una denuncia ante la Justicia europea en caso de que no lo haga.
Bruselas dirigió hoy a Polonia un dictamen motivado, segundo paso del procedimiento de infracción comunitario, y le dio dos meses para tomar las medidas necesarias.
Si el país no corrige, se arriesga a ser denunciado ante el Tribunal de Justicia de la UE.
El comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, señaló hoy que en sus contactos con las autoridades polacas ha expresado en distintas ocasiones su «profunda preocupación» por el impacto de esta ley, que «sigue minando la independencia de los jueces polacos».
Indicó además que ha contactado con el ministro polaco de Asuntos Europeos para pedir «más aclaraciones» sobre otra preocupación de Bruselas, relativa a la situación de la cámara disciplinaria del Tribunal Supremo polaco.
Para Bruselas, la ley polaca sobre la judicatura viola la independencia de los jueces y es incompatible con el derecho europeo.
Esas normas, dice la Comisión, impiden a los tribunales polacos aplicar directamente algunas disposiciones de la legislación europea que protegen la independencia judicial, así como presentar cuestiones prejudiciales sobre esos asuntos ante la Corte europea.
Bruselas explicó que las autoridades polacas respondieron ya al primer aviso dado y lo hicieron rechazando los argumentos de la Comisión y pidiendo que no siga adelante el procedimiento de infracción.
La respuesta dada por el Gobierno polaco, sin embargo, no ha convencido a la Comisión, que cree que «no aborda las preocupaciones expresadas en la carta de emplazamiento».
El aviso de hoy es un paso más en el procedimiento abierto el pasado 29 de abril por la normativa polaca sobre la judicatura, que entró en vigor el pasado 14 de febrero.
Según Bruselas, esta normativa viola la independencia de los jueces y es incompatible con el Derecho europeo. En particular, impide a los tribunales polacos aplicar directamente ciertas disposiciones de la legislación comunitaria que protegen la independencia judicial y plantear ciertas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión.
