EL NUEVO DIARIO, EDIMBURGO, REINO UNIDO.- Las negociaciones sobre el «brexit» han aumentado el distanciamiento entre el Gobierno británico y el escocés hasta el punto de estar a las puertas de una crisis constitucional, que puede dar alas al Partido Nacionalista Escocés (SNP) en su petición de un nuevo referendo de independencia.
El Ejecutivo de la primera ministra, Theresa May, ha presentado un proyecto de ley que traspondrá el cuerpo legal comunitario a la legislación británica una vez fuera de la Unión Europea (UE), lo que implica que algunas competencias serán derivadas a las regiones autónomas. La cuestión que genera tal desacuerdo es cuántas.
Los parlamentos de Escocia y Gales quieren gestionar en su totalidad las 111 competencias derivadas desde Bruselas, pero hay 24 en materia de agricultura, pesca, medio ambiente, política alimentaria y contratación pública que Londres quiere retener para crear un marco general con aplicación en todo el territorio.
«Estamos en medio de una crisis constitucional sin precedentes. En política todo puede pasar, pero veo bastante difícil que se logre un acuerdo, porque las dos partes no están dispuestas a mover sus posicionamientos.», dijo a Efe Akash Paun, analista del grupo de pensamiento británico Institute for Government.
El tira y afloja entre la Administración central y las regionales es tal que los parlamentos autónomos están tramitando su propia ley de devolución en un movimiento que podría crear «una ruptura nunca vista, no solo en las relaciones, sino también en el entendimiento de las reglas del juego», opinó Paun.
Las cámaras autónomas no tienen potestad para vetar la ley de devolución general, por lo que el Parlamento británico puede tramitarla aunque las negociaciones no arrojen frutos.
«Sería muy controvertido que Westminster decidiese tramitar la ley unilateralmente, porque podría llevar el asunto a los tribunales y, por supuesto, se aprovecharía para hacer campaña por la independencia», explicó el experto.
Desde la victoria del «brexit» en el referéndum de 2016, el Gobierno de Escocia -que apoyó mayoritariamente la permanencia- ha amenazado con promover una segunda consulta separatista, tras la que perdió en 2014, cuando un 45 % votó a favor de la independencia frente al 55 % que optó por permanecer en el Reino Unido.
Desde el inicio de las negociaciones con Londres, el SNP, liderado por la ministra principal escocesa, Nicola Sturgeon, ha abanderado el discurso de la «apropiación de poder».
«Esta acción del Gobierno del Reino Unido, que cuenta con el rechazo de Escocia y Gales, confirma el mayor intento de apropiación de poder desde el establecimiento del Parlamento escocés», dijo el ministro escocés para el «brexit», Michael Russell.
Este enfrentamiento, afirmó a Efe Anthony Salamone, asesor del Centro Escocés de Relaciones Europeas, ha marcado un punto de inflexión entre Londres y Edimburgo.
«Los dos gobiernos a menudo se enfrentan públicamente, pero fuera del foco mediático suelen trabajar bien, sobre todo a nivel técnico. Sin embargo, el desacuerdo sobre el ‘brexit’ ha elevado la tensión y dañado significativamente las relaciones», apuntó.
Una crisis, matizó, de la que los nacionalistas escoceses pueden ser «los más beneficiados».
Si bien por una parte, querrían lograr un acuerdo para «ganar más poderes para Escocia», por otra, -aseguró- la confrontación les sirve para «difundir el mensaje de que se ha intentado negociar por todos los medios y la oferta del Gobierno de May es inaceptable».
«El SNP puede usar esta situación fácilmente para decir que la independencia es la única forma de proteger el acuerdo de devolución (por el que en 1998 se creó el Parlamento escocés)», señaló.
Aunque la debacle del SNP en las elecciones generales de 2017 -en que perdió 21 escaños- dejó en suspenso sus reivindicaciones separatistas, el debate se ha reavivado al calor de las posibles consecuencias económicas del «brexit» y el partido ha anunciado que prepara un plan financiero que avalaría la independencia.
Salamone vaticinó que habrá una nueva consulta «en algún momento entre 2018 y 2021», porque el SNP, que no tiene mayoría absoluta pero cuenta con el apoyo de los Verdes para lograr el visto bueno del Parlamento, «no puede arriesgarse a llegar a 2021, cuando termina la legislatura, sin poner fecha para otro referendo».
