EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- A pesar de que el uso de los brazaletes y el botón del pánico, contemplados en el Código Procesal Penal Dominicano, podrían ser un remedio eficaz contra el incremento desproporcionado de los feminicidios en el país y el congestionamiento de las cárceles, los jueces recurren solo en excepcionales casos a esa medida de coerción, debido al alto costo de esos equipos electrónicos.
Así lo demuestran las estadísticas de la Oficina de Atención Permanente del Poder Judicial, a partir del mes de enero del año 2016, que indican que solo en 30 de las 26,829 medidas de coerción emitidas se ha dispuesto el uso de brazaletes.
La medida de coerción más socorrida en ese período ha sido la prisión preventiva, con 11,388 casos del referido total, factor determinante en el elevado número de presos bajo esa modalidad, que representa el 65 por ciento de la población carcelaria.
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La búsqueda de soluciones ante la ola de feminicidios se hace cada vez más urgente, en vista de que en lo que va de año 153 mujeres han sido asesinadas en el país por sus parejas o ex parejas sentimentales.
Tanto para el combate de los feminicidios como para el descongestionamiento de los recintos carcelarios, el uso de los brazaletes y del botón del pánico podría ser una solución idónea, pero la dificultad estriba en el alto costo de esos equipos electrónicos.
Entre quienes perciben el uso de esos equipos como una especie de panacea ante tan acuciantes problemas, figuran la Ministra de la Mujer, Janet Camilo, y el diputado José LaLuz (PLD-DN).
Para Camilo, la utilización bajo medida de coerción del grillete podría impactar de manera positiva porque se tendría mucho más control de las personas que ya el sistema registra como agresores y capaces de ejercer un acto mayor de violencia.
“Esta disposición vendría a fortalecer el sistema de darles seguimiento a estos casos penales, y por ende reduciría el margen de posibles próximas acciones violentas”, consideró.
Tras ser cuestionada sobre el por qué la medida es tomada con poca regularidad en los tribunales dominicanos, la ministra expresó que esto se debe al costo que la misma representa.
Camilo entiende que este tema debe ser tratado y valorado por los actores del sistema y buscar un mecanismo idóneo para aplicarlo. “No podemos seguir buscando soluciones de manera aislada para este tema, sino que deben sentarse los sectores a dialogar y buscar un mecanismo de cómo implementarlo”, dijo.
En tanto que para el congresista LaLuz, la mayoría de los casos de feminicidios que se producen en el país pudieran evitarse si se estuviera aplicando el botón del pánico contra aquellos agresores.
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“Yo estoy sumamente convencido de que si aplicamos el botón del pánico podríamos disminuir la mayoría de los feminicidios del país”, expresa LaLuz, antes de señalar que “la mayoría de los casos que terminan en muerte.
“Si nosotros tuviéramos una política y una actitud de respeto hacia esas personas, pudiera ser prevenible”, agregó.
El legislador sostiene que no se puede trabajar un fenómeno nuevo como el de los feminicidios con políticas viejas. Dijo que actualmente se emplean poco los dispositivos electrónicos por falta de voluntad política y determinación del Estado.
Asimismo, citó como otro de los factores que inciden en el auge de los feminicidios a que el Ministerio Público cierra a las tres de la tarde y la mayoría de esos casos ocurren «por causa de alcohol o droga en la noche cuando la dependencia judicial está cerrada”.
En tal sentido, expresó que en el país se necesita un servicio de atención 24/7, y considera que el sistema de emergencias 911 sería ideal para instalar botón del pánico.
“Tenemos que montar toda la información en tecnología, los expedientes no pueden ser análogos, eso es muy importante”, indicó.
El también comunicador afirmó que “tenemos que estar preparados como sociedad para poder instalar dispositivos electrónicos tanto en la víctima como en los potenciales victimarios para poder darle seguimiento”.
Al ser consultado sobre el costo de estos dispositivos que debe ser cubierto por el propio imputado, LaLuz dijo que esta modalidad debería de ser gratuita.
“Yo le planteo al Gobierno que empezando el año me entregue el municipio o provincia donde más feminicidios se dan. Aplicaría el botón del pánico y bajaría los feminicidios, porque no es verdad que una persona con una orden de alejamiento se le va a acercar a una víctima”, concluyó.
¿Por qué la medida es poco acogida?
De acuerdo al Código Procesal Penal en su artículo 226, en el acápite 5, el juez puede imponer como medida “la colocación de localizadores electrónicos, sin que pueda mediar violencia o lesión a la dignidad o integridad física del imputado”.
Sin embargo, en pocas ocasiones se recurre a esta disposición y las posibles razones son diversas, de acuerdo al juez José Alejandro Vargas y los abogados Félix Portes y Enrique García.
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“En el caso particular de quien le habla hemos estado aplicando la colocación de brazaletes, pero, fíjese, ésta es una medida cautelar que no puede aplicarse a todo el que la solicite. Para aplicarle un localizador electrónico a un imputado, lógicamente que éste tiene que tener medios económicos para poder costear el uso de ese mecanismo”, dice Vargas, quien es el juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
No obstante, sostiene que llegará el momento que los grilletes electrónicos llegarán a tener en el país la preponderancia necesaria para evitar el congestionamiento de las cárceles y reducir la violencia de género.
De su lado, el abogado Félix Portes entiende que la medida de coerción consistente en los dispositivos electrónicos no se aplica en el país por dos razones fundamentales: Primero, porque la disposición necesita ser socializada entre el Ministerio Público y el juez a nivel nacional “para que puedan entender las ventajas y desventajas, cuáles son las características técnicas de este mecanismo, qué garantía este mecanismo ofrece y aparte de eso, la educación con relación a este tema”.
Y en segundo lugar, porque la única compañía que ofrece este sistema (MonitoreoRD) no tiene sucursales a nivel nacional.
“Básicamente están instalados en la capital y el monitoreo de ellos está radicado en esta zona, entonces, como ellos solo tienen esta facilidad en la capital, entiendo yo que no ha tenido mayor éxito”, precisó.
Por otro lado, Portes opinó que el hecho de su poca aplicación no guarda relación con el aspecto económico.
“Yo personalmente no he visto el primer caso donde le hayan impuesto como medida de coerción ese monitoreo electrónico y que la persona se haya quedado presa porque no pudo pagar”, señaló.
Y es que, según el jurista, lo que ocurre en este caso es que el abogado antes de proponer esta garantía para su defendido ya ha contratado a la compañía que presta este servicio.
En tanto que para Enrique García, pasado aspirante a presidir el Colegio de Abogados de la República Dominicana, en el país es poco aplicada esta medida por un asunto meramente económico.
“Eso reviste una gran estructura de personal, de equipos electrónicos y eso representa dinero, y los recursos que recibe el sistema judicial dominicano son bastante ínfimos. Aquí no hay dinero suficiente para implementar ese tipo de medida”, argumentó.
Operación de localizadores electrónicos en el país
La implementación de esta medida en el país se produce luego de que el Consejo Superior del Ministerio Público autorizara el uso y habilitación de las prestadoras del servicio de los localizadores electrónicos, mediante resolución del 22 de enero del año 2016.
Es así como surge la compañía MonitoreoRD, hasta el momento la única en ofrecer estos servicios, la cual debió de cumplir con una serie de requisitos para ser aceptada para brindar estos servicios.
De acuerdo con la resolución del Consejo Superior del Ministerio Público, toda la inversión que se haga con relación a los localizadores electrónicos debe ser del sector privado y que la empresa deberá contar con casos de éxitos, al igual que ser propietaria de su tecnología.
También señala que las operaciones del programa deben ser confiadas a una empresa con vasta experiencia en la materia.
¿Cómo funcionan?
Los localizadores electrónicos conocidos en el país como “brazaletes o grilletes electrónicos” usualmente se utilizan en la pierna o tobillo de aquellas personas a las que el juez haya dictado arresto domiciliario o una orden de alejamiento, acusadas de la comisión de un determinado delito.
Esta medida, la cual debe ser costeada por el propio imputado, evita que el éste vaya a la cárcel mientras se ventile su proceso.
“El brazalete es un dispositivo que lleva tecnologías de rastreo. El nuestro que lleva el nombre de fennixSHACKLES – HyBrid 2.5 es de manufactura exclusiva nuestra. Es el único en la industria que cuenta con dos sistemas satelitales: el primero GPS del Departamento de Defensa de EEUU, y el segundo, Glonass, del Departamento Aeroespacial de Rusia”, explicó Chey Rodríguez, presidente de la compañía Fénix Global Technologies, la cual regentea a MonitoreoRD.
Dijo que el dispositivo cuenta con tecnologías alternas de rastreo como LBS (un sistema de almacenamiento de datos cuando no existe señal GPRS), y cuenta con A-GPS que es un sistema de triangulación satelital usando las torres de señal GPRS. También se ejecuta con Radio Frecuencia, la cual se utiliza cuando el beneficiario entra a su casa.
“Éstas tecnologías funcionan con una batería de 28 horas con una sola carga. El dispositivo cuenta con algunos 12 sensores para medir rupturas y el estado del dispositivo incluyendo la aproximación de la masa corporal del beneficiario. Además, cuenta con una correa de seguridad con fibra óptica y 2 líneas de metal, siendo manufacturado con materiales 100% hipo alergénicos”, afirmó.
Rodríguez dijo que el brazalete electrónico puede ser activado con una variedad de alertas y notificaciones, pero que todo depende de lo dictaminado por el juez.
“Todo va a depender de la orden del juez, quien es que va a determinar el rango de movimiento que va tener el beneficiario de esta medida”, sostuvo el empresario.
“Cuando se dispara una alarma, nuestro trabajo es notificarle al Ministerio Público, ellos son los que determinan el paso a dar, nuestro trabajo es simplemente notificarle”, enfatizó Rodríguez, antes de informar que el costo de estos equipos hasta ahora es de 15 dólares por día.
Hasta ahora la empresa brinda tres tipos de monitoreo básicos, como son: Ciudad por cárcel, con jurisdicción en el Distrito Nacional, donde el imputado no puede salir por ninguno de los peajes.
También brinda el servicio país por cárcel, donde no podrá salir por un aeropuerto ni un área fronteriza. En tanto que el tercer movimiento es el arresto domiciliario, donde el imputado tiene que permanecer en su casa.
Sobre el botón del pánico
La empresa MonitoreoRD brinda los servicios del botón del pánico desde que fueron creados en el año 2016.
“El botón del pánico es hoy día una herramienta que nosotros donamos al sistema para que en los casos de arresto domiciliario, a la víctima se le pueda empoderar con este aparato y entonces hacemos una triangulación según la orden de alejamiento para que la víctima pueda tener un poco de paz mental”, expresó Rodríguez.
Entiende que la medida es tan poco empleada en el país por falta de conocimiento en la población.
En tal sentido, dijo que su empresa ha venido impartiendo charlas a jueces y fiscales de todo el país, y está haciendo todo un andamiaje para poder concienciar a la ciudadanía sobre la importancia que reviste la herramienta tecnológica en pro de evitar la violencia de género.
Primer brazalete impuesto en el país
La primera persona en la República Dominicana a la que se le colocó un dispositivo electrónico fue al abogado Renzo Hilario Castillo, el 31 de mayo del 2016, tras ser acusado de falsificar una orden de libertad a favor de uno de los imputados en el fraude del quebrado Banco Peravia.
La medida dictada contra Castillo establecía que debía cumplir prisión domiciliaria con un dispositivo electrónico adherido a su cuerpo.
Desde la fecha y hasta el día de hoy, de acuerdo a Chey Rodríguez, se han instalado cerca de 30 dispositivos en la República Dominicana.
“Hasta ahora no hemos alcanzado los números que esperábamos pero es un proceso en el que tenemos mucha fe que va a continuar creciendo”, manifestó.
153 mujeres asesinadas
De acuerdo a estadísticas compiladas por el Ministerio de la Mujer de la República Dominicana hasta la fecha en este 2017, 153 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas sentimentales.
Según los números del órgano oficial, insertados en su página web, la provincia Santo Domingo ha sido donde más mujeres han perdido sus vidas, con un total de 35.
Le siguen las provincias de Santiago, con 14; La Altagracia, 12; La Vega, ocho, y San Cristóbal, con siete.
Hasta ahora, de acuerdo al citado ministerio, solo en Santiago Rodríguez, Monseñor Nouel y Samaná no se han reportado feminicidios durante este año.
Población carcelaria en RD
De acuerdo con el más reciente informe sobre la población carcelaria en el país, actualmente en República Dominicana hay 25,159 personas privadas de libertad, entre hombres y mujeres, por la comisión de diferentes ilícitos penales establecidos en el Código Penal Dominicano.
De estos internos, el 65% está bajo prisión preventiva, de acuerdo a las últimas estadísticas emitidas por las autoridades penitenciarias.
