EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO DE CHILE.- El presidente de Chile, Gabriel Boric, aclaró este jueves la controversia sobre una posible querella contra el líder mapuche Héctor Llaitul y aseguró que su Gobierno «no persigue ideas», luego de que el cabecilla de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) llamase la semana pasada a la «resistencia armada» en el sur.
«Nuestro Gobierno persigue delitos y los va a perseguir con todo el peso de la ley. Nuestro Gobierno no persigue ideas o declaraciones», dijo el mandatario progresista en una rueda de prensa.
Boric corrigió así a su ministra de Desarrollo Social, la socialdemócrata Jeanette Vega, quien el domingo en un programa de televisión local anunció una querella contra Llaitul y afirmó que «en una democracia como la que tenemos, ningún grupo se puede alzar en armas contra el Estado».
Días antes y cuando el Gobierno estaba a punto de decretar el estado de excepción y la militarización de la sureña y conflictiva región de La Araucanía, el líder de la CAM había dicho que esa medida «es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuches siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric».
«A preparar las fuerzas, a organizar la resistencia armada por la autonomía», arengó Llaitul.
Boric afirmó este jueves que la decisión de decretar el estado de emergencia en la llamada «macrozona sur», que finalmente se concretó el lunes, busca «garantizar la seguridad de los ciudadanos en todo el territorio nacional y garantizar el abastecimiento y el libre tránsito».
En La Araucanía y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.
El conflicto se ha recrudecido en los últimos tiempos, con ataques incendiarios a maquinaria, predios y cortes de ruta casi a diario (que en algunas ocasiones se atribuye la CAM), así como tiroteos con víctimas mortales y huelgas de hambre de presos indígenas.
El gobernante, que anteriormente se había mostrado contrario a esta medida que rigió durante más de seis meses en el Gobierno de su predecesor Sebastián Piñera (2018-2022), explicó que cambió de opinión ante el agravamiento de la violencia en la zona.
«Tengo la más plena convicción de que esto no resuelve el problema y por eso decretamos un estado de excepción acotado a las carreteras para asegurar el libre tránsito», indicó.
«Tenemos que ponerle más empeño al diálogo, garantizando la seguridad sin complejos ideológicos, como me corresponde como jefe de Estado y a la vez abordando el tema de fondo, que es la deuda del Estado chileno con el pueblo nación mapuche», añadió.
