EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El biólogo medioambientalista, Luis Carvajal, denunció que la mitad de los miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) sería afectada si se toman acciones judiciales en el Parque Nacional, Juan Bienvenido Pérez Rancier (Valle Nuevo).
Carvajal sostuvo que el poder político, económico y militar asentado, impediría que las acciones del ministro de Medioambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito, concluyan con el sometimiento judicial de sus depredadores.
Expresó su negativa a creer que habrá judicialización de los casos y la eliminación de las villas levantadas en allí, afirmando que los dueños de esas propiedades son miembros del de CP- PLD, los altos mandos militares y policiales, así como los jefes de las familias más adineradas del país.
“Si eliminan las villas van a sacar la mitad del Comité Político de su mismo partido y muchísimos asociados, porque allá arriba puede funcionar un consejo militar con la cantidad de jefes de la Armada y de generales”, dijo.
Sostuvo que “las familias que están ahí tienen apellidos que pesan tanto que a los funcionarios se les floja las rodillas y se mean en los pantalones cuando usted le menciona cuatro o cinco de ellos”.
En ese sentido agregó, “Cuando usted le menciona el apellido León, Bermúdez, Crowns, Guzmán Mera, Mora, óyeme, se le flojan las rodillas a cualquiera”.
Carvajal, al participar en la entrevista central del programa “Foro Semanal”, que se transmite por Cine Visión, canal 19, el catedrático universitario en materia de preservación de los recursos naturales reconoció que las acciones tomadas por Domínguez Brito están encaminadas a rescatar la zona de Valle Nuevo.
Sin embargo, dijo desconfiar que las mismas lleguen hasta las últimas consecuencias, producto del poder que ostentan las personas que tienen villas y empresas dentro de esa área protegida.
“La promesa del ministro Domínguez Brito es que no solo los jornaleros serán penalizados y sus primeras acciones van en esa dirección, pero éste ha planteado la posibilidad de regularizar las villas y ahí hay que cumplir la Ley, pues la normativa medioambiental ordena que cualquier construcción debe ser incautada”, explicó Carvajal.
El ambientalista agregó “La ley dice, además, que se debe financiar la recuperación del parque con los recursos de quien lo ha destruido y el gran problema de esta zona es que 20 productores son los responsables del 90% de la deforestación y de la ocupación para la agricultura intensiva, una agricultura tan intensiva que obliga a que por tarea se tenga un gasto de 90 mil pesos, y eso se da en casos como en la fresa o en el ajo”.
Para Carvajal el que tiene “100 tareas de ajo puede tener nueve millones de pesos y alguien que tiene invertidos ahí 80 millones en la siembra de papa no puede ser pobre; no carga un saco, no rompe un surco ni moja la tierra, ese necesita trabajadores”.
Luis Carvajal acusó al empresario José Delio Guzmán, propietario de un complejo de cabañas y de empresas agroindustriales asentadas en el citado santuario agroforestal, de fomentar la ocupación de campesinos-jornaleros en el parque José Armando Bermúdez, a los cuales, según afirmó, los usa como escudo para frenar la acción gubernamental a favor de la protección medioambiental.
El biólogo recordó que el paleodelta del río Nigua, uno de 109 lugares seleccionados por la Comisión Medioambiental de la OAI como reservas de agregados con capacidad para 1050 años, con una demanda anual aproximada de 15 millones de metros cúbicos, razón por la cual condenó que los ríos deban ser suplidores de la construcción, solo para economizar costos de producción a las granceras.
POR ORLANDO ARIAS
