Quienes no estén vinculados a la corrupción, narcotráfico, trata de personas y lavado de bienes ilícitos de cualquier naturaleza, no tienen razones para oponerse a la Ley de Extinción de Dominio. Es decir, a un mecanismo legal rápido para recuperar esos bienes.
Ese recurso contra los criminales está muy bien. Incluso, es una iniciativa valiosa, pero debemos evitar que los adquirientes de buena fe sean despojados.
Por ejemplo, no podemos confundir la realidad criminal con las operaciones autorizadas por las autoridades en un mercado de libres adquisiciones. Las consecuencias tienen que estar claramente establecidas para quienes resulten víctimas de esas acciones.
La ley es necesaria, pero muy bien afinada.