En materia de discapacidad, sólo un boicot interno contra el gobierno puedo explicar la situación actual. Dañar por inacción el legado del Presidente, dañar la Revolución Educativa y la inclusión de las personas con discapacidad, es bochornoso. Es evidente que también otros órganos constitucionales dañan el Estado de Derecho cuando no actúan conforme su naturaleza de garantía.
Cuando el Presidente promulgó el Reglamento 363-16 de la Ley 5-13 sobre Igualdad de Derecho, muchos seguro pensaron ¡ahora sí! Resultado, otra oportunidad perdida. Ni hablar de que al día de hoy la mora reglamentaria es crítica. De unos 6 Reglamentos diferidos para ser realizados en los primeros 6 meses (Nota: que todo esto tiene años), aún no se ha publicado un solo, ni uno, conforme a la normativa.
Sólo pensemos que entre estos reglamentos se encuentra la Norma y el Plan Nacional de Accesibilidad. Aquí uno de los fallos estructurales que nos llevan a no tener como Estado, una explicación institucional frente a los casos de discriminación contra nuestros niños y niñas con discapacidad. Comprenderán porqué algunas instituciones viven en el silencio.
La verdad es que el Consejo Nacional de Discapacidad está falta de consejos. Es un espacio donde no reina la sindéresis; lo cierto es que, si no se sabe para dónde se va, ya se llegó, y el CONADIS llegó. Sé de fuente oficial todos los esfuerzos que ha realizado el Presidente, todos los recursos que se han invertido para cumplir su compromiso con las personas con discapacidad. Los trabajos del Despacho de la Primera Dama, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Educación, Cultura, entre otras iniciativas, lo que se ve empañado por algunos desconsiderados.
Defiendan al presidente, y con ello defiendan al Estado. Los casos de discriminación son delicados porque estos son visibilizados en foros internacionales contra nuestros intereses.
De cara a los 10 años de la Convención, que no nos vengan con discursitos y a gastar dinero en actividades para fotos. Con la simple ejecución de las tareas asignadas por la Ley, cada organismo ayuda al Presidente, se les pide, se les ruega que hagan lo que dice la Ley.
La no observación del Estado de Derecho, es lo que nos lleva a galopar en la impunidad y sus males. Siendo la peor de las impunidades la que surge de la condena a la exclusión discriminante por la irresponsabilidad de no obrar conforme a nuestras responsabilidades.
Presiente, mueva la mata. La discriminación no puede ser tolerada en medio de una batalla contra la ignorancia, en el marco de una revolución educativa. No hay que perder de vista que lo que no se ha logrado en cuatro años, ni se visualiza en cinco, no culminará bien en ocho.
El Presidente está a tiempo de proteger su legado en materia de inclusión plena de las personas con discapacidad y sus familias. Los funcionarios están a tiempo de hacer lo que nunca se ha hecho, hacer realidad el sistema de consecuencias en materia de discriminación contra las personas con discapacidad.
No les contaré que nuestro país es signatario de cualquier cantidad de Convenios, acuerdos, declaraciones, y todo cuanto permita a sus funcionarios tomarse una foto y decir “Firmamos” en materia de discapacidad. ¿Con qué se comen estos acuerdos? La Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Personas con Discapacidad; la Convención sobre los Derechos del Niño; la Convención de la ONU por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Faltarían aderezos y sobran páginas.
Es muy difícil explicar a una niña, súper inteligente, que un sujeto ensotando, que el sacerdote Rodolfo Duran, director del Colegio Don Bosco en Moca, le ha discriminado. Una niña excelente y entusiasta, a la que la discriminación no detendrá en la materialización de sus sueños. Tarea que comparte con el Presidente.
Aquí tenemos un pedazo de papel que enuncia desde su preámbulo el tan referido principio fundamental de la dignidad humana, de la igualdad y el imperio de la Ley. ¿Puede la sociedad hablar del Estado Social de Derechos o de la función esencial del Estado en materia de discapacidad?
Ese papel dice que los tratados internacionales ratificados son ley interna (art.26); que el respeto y protección de la dignidad humana es una responsabilidad esencial de los poderes públicos (art.38); Habla de la Igualdad (art. 39); del Libre Desarrollo de la Personalidad (art. 43); Protección de la Familia (art. 56); Protección de las Personas con Discapacidad (art.58); Derecho a la Educación (art.63); y dizque unas supuestas garantías y principios (art.74) que sin acción no sirven para nada. Miren las Amparos (art.72) que terminan desamparando.
La llamada Constitución crea un “Defensor del Pueblo”, -no se rían por favor-. Sus funciones están establecidas en el (art.191), no vale la pena hablar de eso.
Aquí actúan los funcionarios como si la Discriminación no está penalizada. Ignoran el Código Penal, en su (art.336-1), que dispone castigar la Discriminación con prisión de 2 años y RD$ 50,000 pesos de multa. ¿Le importa esto al señor Procurador o la Procuraduría de Derechos Humanos? Nada de nada. Luego que nadie hable de campañas negativas, cuando nuestra inacción destruyen nuestra imagen internacional.