EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las autoridades de España han impuesto numerosas sanciones a la entidad remesadora PAY-ONE 911 EP, S.A, y a su principal ejecutivo, el dominicano Aquiles Hernández Bona, quien junto a su padre está sometido a la justicia en la República Dominicana por supuestamente cometer delitos bancarios.
Las penalidades a la referida remesadora propiedad del dominicano, establecida en el país europeo, fueron impuestas por el Banco de España tomando en cuenta una serie de infracciones en que habrían incurrido la entidad y sus ejecutivos.
Dichas sanciones, que aparecen publicadas en la página web del Banco de España, y que periodistas de El Nuevo Diario pudieron comprobar en línea, datan desde finales del mes de septiembre del año pasado.
Entre los castigos impuestos figuran varias multas, revocación de la autorización para operar, inhabilitación, tanto a PAY-ONE 911 EP, S.A como a su principal ejecutivo, Aquiles Hernández Bona.
El Banco de España, que es el banco central nacional y el supervisor del sistema bancario español junto al Banco Central Europeo, imputa a la remesadora y a su directivo la comisión de infracciones, consistentes en incumplimiento de las normas de ordenación y disciplina, en concreto las relativas a los procedimientos de salvaguarda de los fondos entregados para su transferencia a los beneficiarios.
Asimismo, los acusa de presentar deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables, ya que tales deficiencias ponen en peligro la solvencia o viabilidad de la entidad.
También culpa a la entidad y a Hernández Bona de violar el artículo 97.1.b) de la Ley 10/2014, que sanciona llevar la contabilidad con irregularidades esenciales que impidan conocer la situación patrimonial o financiera de la entidad.
Igualmente, habrían violado el artículo 92.o de la misma Ley que sanciona las deficiencias en su estructura organizativa, en sus mecanismos de control interno o en sus procedimientos administrativos y contables.
Las sanciones impuestos consisten en multas de tres millones de euros (3.000.000 €), cien mil euros (100.000 €), cien mil euros (100.000 €), y cincuenta mil euros (50.000 €), repartidas entre la financiera y Hernández Bona.
Quedó revocada la autorización para operar de PAY-ONE 911 EP, S.A., y la inhabilitación de Aquiles Hernández Bona por un plazo de 8 y 3 años para ejercer cargos de administración o dirección en cualquier entidad de pago o del sector financiero.
El sometimiento en RD
Se recuerda que Aquiles Hernández Bona está sometido en la justicia dominicana junto a su padre, Iván Aquiles Hernández Oleaga, acusados ambos de asociación de malhechores, lavado de activos, falsedad de documentos, estafa, abuso de confianza y violación a la ley monetaria a través del Banco de Desarrollo y Crédito Providencia.
El sometimiento lo hizo en agosto del 2016 la Superintendencia de Bancos, expediente en el que también incluyó a la señora Ivette Patricia Hernández Bona, quien figura como accionista del Banco Providencial.
El caso, que desde hace casi dos años está en los tribunales, fue declarado complejo por un juez.
La Fiscalía ha dicho que los ejecutivos declararon a la Superintendencia haber tenido en el Banco RD$370.63 millones como fondos disponibles, cuando en verdad sólo disponían de RD$46.16 millones.
Asimismo, reportaron activos por RD$986, 925, 883, y las indagaciones de las autoridades determinaron que el monto real era RD$229, 936.136.
La Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, dice que pudo determinar que los imputados hacían intermediación financiera a través de la inmobiliaria Propiherbon, utilizando al Banco Providencial como fachada.
Por su parte, como reacción Hernández Oleaga ha acusado al Superintendente de Bancos de orquestar una trama en su contra para presuntamente despojarlo del banco.
