Es casi seguro que la mayoría de la población dominicana apoya los operativos policiales en contra de la delincuencia que arropa al país.
Estos operativos, muchas veces a modo de retenes en calles y avenidas estratégicas de ciudades y pueblos, se realizan con el acompañamiento de representantes del Ministerio Público.
La delincuencia y la criminalidad mantienen arrinconada a la sociedad dominicana, que muchas veces se ve impotente ante el ataque de los bandidos o antisociales.
No creo que haya una familia, empresario, comerciante, trabajador o estudiantes que no haya sido víctima del flagelo de la delincuencia.
Creo, de manera particular, que las autoridades policiales y judiciales tienen una gran cuota de responsabilidad en el auge de este flagelo que tanto daño le hace a la nación.
Está demostrado que los asaltos, atracos y otros delitos no se resolverán realizando un simple operativo a plena luz del día ni en horas de la noche.
Los policías y los fiscales por lo general saben y conocen muy bien quién o quiénes delinquen en las provincias y pueblos donde se llevan a cabo dichos operativos.
Después de “necesarios” estos retenes son tediosos para el ciudadano serio y honesto, aquel hombre o mujer que viene y va para su trabajo, quienes pasan momentos difíciles y hasta sufren vejaciones.
La actitud muchas veces de maltrato, imprudencia y arrogancia de agentes policiales y fiscales ha provocado reacciones airadas de ciudadanos decentes que muchas veces se ven “atrapados” en estas acciones que parecen perseguir todo menos a los verdaderos delincuentes.
Uno supone que policías y fiscales están debidamente entrenados para con una simple mirada y a distancia determinar, por el perfil, que persona pudiera resultarle malhechor, infractor o transgresor.
Es lamentable ver la forma en que efectivos que representan la autoridad, llamada a poner el orden, le hablan de una forma inapropiada y casi de forma insultante y grosera al hombre de trabajo, que aporta al presupuesto, justamente de donde sale su salario.
No hay razón para que realizada la inspección correspondiente, luego de la debida revisión de los documentos, el ciudadano luego tenga que ser sometido a un chequeo que en ocasiones atraviesa los límites y vulnera los derechos ciudadanos.
Han ocurrido casos en que hasta la cartera personal que el hombre lleva en sus bolsillos es verificada y requisada, a pesar de que en esa situación particular las autoridades ya tienen en sus manos los papeles requeridos en dicho retén.
Policía Nacional y Ministerio Público deben dar reales muestras de querer combatir el delito, porque el accionar que realizan se distancia mucho de ese objetivo.
¿Quién no ha sido testigo de vehículos (automóviles y motores) que evitan estos operativos, devolviéndose o desviándose cuando se percatan de los retenes?
Una verdadera persecución de la delincuencia manda a realizar una persecución tenaz contra aquellos que esquivan o evaden los operativos policiales, ya que huir de la autoridad es una sospecha clara de que se anda en conflicto con la Ley.
Se deberían tener agentes apostados vestidos de civil a una distancia prudente y estratégica del lugar dónde se realizan estos chequeos, para de esa manera percatarse y perseguir a quienes intenten eludir los retenes, quienes realmente deben ser sometidos a una revisión exhaustiva por la mala señal que dan al intentar escapar.
Importante sería que el Director de la PN autorice al Departamento de Asuntos Internos dar seguimiento a los operativos que se realizan, seguro de que allí serán encontradas una serie de anomalías cometidas por agentes y fiscales.
Hacemos una sugerencia al procurador General de la República, para que se dé una vuelta o realice una “visita sorpresa” por algunas provincias, específicamente la Sánchez Ramírez, donde creo necesario pasar una especie de balance a las gestiones de sus subalternos allí.
Ambos, el Director de la Policía y el Procurador General de la República, deben tener una política de rotación de policías y fiscales cada cierto tiempo, y así evitar la confabulación o protección de las autoridades provinciales y municipales con personas dedicadas al delito.
Estas son mis reflexiones para una mejor seguridad de todos los dominicanos.