EL NUEVO DIARIO, Ankara. 9 ene (EFE).- El Parlamento turco debate desde hoy una propuesta de reforma constitucional impulsada por el Gobierno que significaría el paso de un sistema parlamentario a uno presidencialista en el que el jefe del Estado lo sería también del Gobierno.
De aprobarse esta reforma, propuesta por el gubernamental Partido Justicia y Desarrollo (AKP, islamista), supondría el mayor cambio político en el país desde la proclamación de la República en 1923.
El AKP argumenta que este cambio servirá para dar estabilidad al país (que ha tenido 46 Gobiernos desde 1950) mientras que la oposición socialdemócrata y de la izquierda prokurda advierte de que sólo busca dar aún más poder al actual jefe del Estado, Recep Tayyip Erdogan.
El AKP gobierna con mayoría absoluta en Turquía desde hace 14 años.
El partido islamista, fundado y dirigido de facto por Erdogan, cuenta para la reforma con el apoyo del ultranacionalista Partido de Acción Nacionalista (MHP), que espera que con ella se imponga también una política antiterrorista más estricta, que esa formación considera necesaria debido a los constantes atentados en el país.
Esas dos formaciones cuentan con 355 escaños, en principio por encima de los 330 (en una cámara con 550 asientos) necesarios para convocar un referéndum en el que los votantes podrían aprobar la reforma.
Sin embargo, al menos siete diputados del MHP han anunciado que se opondrán a la reforma.
Con 367 escaños se pueden aprobar enmiendas constitucionales directamente en el Parlamento, pero dada la firme oposición de los otros dos partidos, esta opción parece descartada.
La moción se votará dos veces, primero cada punto por separado y luego el total del texto legal.
El Gobierno del AKP espera terminar el debate y la votación parlamentaria en seis días y poder celebrar un referéndum el 2 de abril próximo.
El opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP, socialdemócrata) ha anunciado que hará todo lo posible para bloquear el proceso y retrasar las enmiendas.
La reforma prevé que el presidente sea elegido al mismo tiempo que el Parlamento. El jefe del Estado será el encargado de formar Gobierno, para lo que no necesitaría el visto bueno del Legislativo. De esa forma, desaparecería la figura del primer ministro.
El jefe del Estado podrá designar a los ministros, altos cargos de la Administración e incluso a la mayoría de los miembros del Tribunal Constitucional y del máximo órgano del poder judicial.
El líder del CHP, Kemal Kilicdaroglu, ha advertido de que esta reforma supondrá el fin de la independencia de la Justicia.
A diferencia de lo que ocurre ahora, el jefe del Estado podrá seguir perteneciendo a un partido e incluso ser su líder.
El cambio constitucional también da poder al presidente para declarar el estado de emergencia y preparar y presentar para su aprobación en el Parlamento los presupuestos generales.
Para abrir una investigación judicial contra el presidente será necesario el apoyo de tres quintas partes de los legisladores y la imputación tendrá que contar con dos tercios.
Todos los turcos mayores de 40 años con educación superior y elegibles para el Parlamento podrán ser candidatos a presidente, cuya permanencia en el cargo se limita a dos mandatos de cinco años cada uno.
El Legislativo pasaría de los actuales 550 diputados a 600.
Según una reciente encuesta, el 78 por ciento de los turcos no tiene una idea clara de en qué consiste la reforma.
La propuesta del CHP de que el debate parlamentario sea retransmitido por televisión ha sido rechazada por el AKP, que pretende también que el voto de los diputados sea público.
Özgur Özel, vicepresidente del grupo parlamentarios del CHP, ha asegurado que el AKP ha amenazado con denunciar a los diputados que insistan en mantener su voto secreto, acusándolos de ser miembros de la cofradía islamista de Fethullah Gülen, a la que el Gobierno considera culpable del fracasado golpe de Estado del pasado julio.
De aprobarse la reforma, las primeras elecciones presidenciales bajo este nuevo sistema tendrán lugar en noviembre de 2019.
La Policía turca empleó hoy agua a presión y gas lacrimógeno para dispersar a un grupo de manifestantes, entre ellos diputados opositores, que protestaban frente al Parlamento contra la reforma. EFE
