Apuntes por un modelo de auditoría periódica sobre el Registro Civil

Por Francisco Cabrera Mata martes 10 de noviembre, 2020

En ocasión de que el Tribunal Constitucional emitiera la sentencia TC/168/13, la Junta Central Electoral quedó cuestionada en el rol de juez y parte que jugaba respecto a la discrecionalidad aplicada en la emisión de actas de  nacimientos que estimaba irregulares. Por la misma decisión, además, la corporación resultó ligada a la puesta en ejecución de una auditoría sobre el Registro Civil[1], instituto que administra desde el año 1992, en virtud de competencia dada por la ley 8-92, atribución elevada a rango constitucional en el 2010[2] y que actualmente recoge la Ley Orgánica de Régimen Electoral.

Los propósitos de ese trabajo técnico estaban orientados a detectar las inscripciones de nacimientos asentadas en los libros del Registro Civil de hijos cuyos padres no poseían los documentos exigidos a esos fines por la ley. Esta tarea, en función a razones explicadas en el referido fallo, comprendía el período que medió entre 16 de junio del 1929 y 18 de abril del 2007.

En efecto, la institución llevó a cabo la misión, una titánica labor que tuvo lugar en un tiempo record. El informe sobre el particular da cuenta que fueron inventariados unos 116 mil 506 libros, integrados por 16 millones, 748 mil 568 folios[3]; superar las irregularidades allí detectadas constituyó la coronación del proceso. Pero, considerar agotada la necesidad de esa exitosa inspección pautada para hacer frente al drama humano develado por la decisión constitucional, sería un exceso de confianza que nos podría llevar a repetir parte de la historia.

La conminación permanente que la realidad vierte sobre el Registro Civil, es y será referente obligatorio para que el órgano electoral haga uso de sus facultades reglamentarias y pueda desarrollar una política llamada a sistematizar el modelo de auditoría practicado. Identificar oportunamente la suma de posibles errores con el propósito de corregirlos, conviene a todos y nos distancia menos de los eventuales responsables.

Un Reglamento a esos fines, producido en virtud de la potestad que el artículo 212 constitucional confiere a la JCE, sería regla de imperativo cumplimiento destinado a institucionalizar tal obligación. Esta auditoría podría ser fijada en forma periódica, a lo sumo cada diez años y tomando siempre como punto de partida el último período auditado; evitando, en cualquier circunstancia, que ello ocurra en los años de primarias y de asambleas electorales.

Recordemos que no solo somos el lugar paradisíaco que atrae turistas o el espacio para el refugio de quienes huyen de alguna desafortunada circunstancia. Por razones humanitarias o por debilidad institucional, nos hemos convertido en un aliado incondicional de la asistencia que necesita un alto número de parturientas provenientes de Haití. Este ejemplo, cuya presentación sobra, es tan voluminoso como amenazante para el Registro Civil.

El libro Registro del nacimiento de niños de padres extranjeros no residentes en República Dominicana, implementado en el año 2007[4], a pesar de ser una herramienta de importancia en el tema, no es vacuna que indemniza contra errores o posibles fraudes. Incluso, la JCE no controla la suerte de estas inscripciones cuando llegan a sede diplomática, proceso que es puerta de entrada para el ejercicio de otros derechos, empero no los consume.

Ciertamente, debemos tener fe en el denominado libro de extranjería, pero esta confianza no es suficiente para dejar por organizada la situación migratoria de una elevada cifra de extranjeros que, a cualquier precio, fija asiento en la República Dominicana. Este tema migratorio, materia que escapa a la competencia del organismo electoral, debe servir de alarma para marchar a la defensiva en la ruta por mitigar la eventual consolidación de anomalías tan lesivas de derechos como las delatadas en la mencionada sentencia TC/168/13.

De justicia es reconocer que la puesta en marcha de la automatización del Registro Civil promovido desde el 2005, constituye un gran paso hacia la eficiencia del servicio que debe llegar a las personas. Aún así, saber que necesitamos la vigencia de un régimen de rectificación actas, que nos preocupa la suplantación de identidad y que el libro de extranjería camina hacia la saturación, hace suponer que todavía el sistema es vulnerable.

Como se aprecia, esta vulnerabilidad no está reducida a las instalaciones físicas que sirven de alojamiento a una Oficialía del estado civil o al modelo técnico-operacional. De modo que, resaltar la mejoría del  sistema de contabilidad relativo a los nacimientos, no significa excluir el peligro de actividades que acechan buscando cambiar una identidad o la alteración de inscripciones que persiguen simular situaciones que debemos prevenir y, si fuere necesario, corregir.

Por eso, un levantamiento periódico y reglado de forma tal que de gestión en gestión vincule a la propia JCE, le permitiría al órgano tener dominio a tiempo sobre posibles inscripciones irregulares; de este modo, gana la persona inscrita y gana el Estado. Pues, la fortaleza y la diafanidad del Registro Civil, como soporte de un maestro de cedulados que más tarde servirá de base al Registro Electoral, es la pieza primera para preservar la identidad de las personas y la transparencia de las asambleas electorales.

Por Francisco Cabrera Mata

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