EL NUEVO DIARIO, BUENOS AIRES.- Un tribunal oral argentino decidió hoy aplazar la sentencia del juicio que se le sigue al exvicepresidente Amado Boudou y a otros acusados por la presunta compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone, informaron fuentes judiciales.
El veredicto en este juicio oral iba a dictarse el próximo jueves, pero el tribunal no tuvo este martes tiempo suficiente para escuchar las últimas palabras de algunos de los imputados, por lo que decidió convocar a una nueva audiencia al 7 de agosto.
El Tribunal Oral Federal 4 de Buenos Aires juzga desde octubre de 2017 al exvicepresidente Amado Boudou (2011-2015), Nicolás Ciccone, Rafael Resnick Brenner, Alejandro Vandenbroele, Guido Forcieri y José María Núñez Carmona por los delitos de presunto cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.
La audiencia fue pospuesta después de que el tribunal escuchara los planteamientos de las defensas de Amado Boduou y José María Núñez Carmona, retransmitidas en vivo a través del Centro de Información Judicial.
Quien fuera vicepresidente argentino está acusado por la presunta compra irregular de la imprenta de papel moneda Ciccone mientras se desempeñaba como ministro de Economía durante el primer mandato presidencial de Cristina Fernández (2007-2015).
Durante la etapa de instrucción de la causa, el juez a cargo de la investigación, Ariel Lijo, dio por acreditado que Boudou, junto a su socio Núñez Carmona, habían adquirido la empresa quebrada Ciccone Calcográfica -luego denominada Compañía Sudamericana de Valores- mientras Boudou era ministro de Economía (2009-2011).
En la investigación judicial se constató que Boudou, aprovechando su condición de funcionario público, y Núñez Carmona habían acordado con Nicolás y Héctor Ciccone y Guillermo Reinwick -dueños de la imprenta- la cesión del 70 % de Ciccone Calcográfica a cambio de la realización de los actos necesarios para que la firma pudiera volver a operar y contratar con la administración pública tras quebrar.
De acuerdo con la investigación judicial liderada por Lijo, Boudou habría estado implicado de forma directa, presenciando las reuniones para la adquisición, y, junto a Resnick Brenner -por entonces jefe de asesores del Fisco- y César Guido Forcieri -jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Economía- en el trámite de un plan de pagos al Fisco.
Asimismo, Boudou habría intervenido para el levantamiento de la quiebra de la empresa, con el objetivo de obtener el certificado fiscal para contratar con el Estado nacional.
A inicios de junio pasado, en el marco del juicio oral, la Fiscalía solicitó que se imponga la pena de 5 años y medio de prisión para el exvicepresidente argentino y que además sea inhabilitado a perpetuidad para ejercer cargos públicos.
