EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional aplazó para el viernes 26 de este mes, la audiencia de medida de coerción contra los implicados en el caso de trata de personas con fines de explotación sexual, desmantelada a través de la Operación Cattleya.
El juez Pablo Imbert apoderado en el caso, postergó la medida cautelar para que la secretaría notifique a la defensa del residencial Coco Real, a los fines de que tenga abogados representantes en el proceso legal.
El magistrado también está conociendo la fusión de expedientes de solicitud de medida de coerción de dos imputados más identificados como Zafiro González González y Dionicio Mieses de La Cruz, quienes fueron arrestados la semana anterior.
Desde tempranas horas de la mañana se estuvo conociendo la medida cautelar y luego de un receso de dos horas, finalmente se aplazó, debido a que la Fiscalía solicitó a través del juez un anticipo de pruebas que se conocerá en cámara Gessell.
“Con este anticipo de pruebas están buscando es reforzar lo que es la imposición de medida”, explicó José Paula, defensa de la imputada Cristina Virginia González Hernández.
De su lado, Yoanna Bejarán, titular de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT), sostuvo que el aplazamiento fue a solicitud de algunas de las defensas técnicas y la tres personas imputadas tanto física como jurídica.
“Esos casos están vinculados, es el mismo proceso, entendemos pertinente que se aplazara para la misma fecha y ser discutida ese día la solicitud de fusión”, manifestó la magistrada.
Asimismo, informó que el órgano fiscalizador tiene imputaciones en contra de 18 personas físicas y tres entidades comerciales, que suman un total de 21.
El órgano persecutor acusa a los implicados de explotar sexualmente a 80 extranjeras de origen colombiano y venezolano, a través de una página de cita.
Explican en el expediente instrumentado contra los acusados, que la red criminal reclutaba jóvenes de 18 a 23 años de edad, quienes les ofrecían trabajos bien remunerados en el sector turismo de la República Dominicana, tanto en hoteles, bar y restaurantes.
Además, dicho documento añade que habían mujeres que tenían que tener intimidades hasta con 15 supuestos clientes, de los cuales la mayor parte del dinero se quedaba en la red, con un costo que iba desde los cinco mil a siete mil pesos.
