Aplazan para 14 mayo revisión medida Grupo Tremols acusados fraude a DGII

Por Liliam Mateo miércoles 24 de abril, 2019

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, aplazó para el martes 14 de mayo a las 10:00 de la mañana, el conocimiento de revisión de las medidas de coerción contra nueve miembros del Grupo Tremols, acusados de un fraude por RD$4,127.5 millones contra la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

El presidente de la Sala, Ramón Horacio González Féliz acogió la petición del abogado Miguel Valerio, defensa técnica de la familia Tremols, a los fines de que sea trasladado a la audiencia Ramón Rafael Tremols, y para que Carmen Adela y Maritselly Cruz ,sean asistidas por sus abogados.

También para que la defensa de los demás imputados preparen sus medios de defensa.

Durante la audiencia de este miércoles, el defensor técnico del grupo Tremols, doctor Valerio solicitó el aplazamiento de la revisión de la medida, explicando al juez que habrá de conocerse el recurso de apelación y el vencimiento del plazo de dicha medida.

El Ministerio Público criticó que dicho aplazamiento se produjera entre otras cosas, por la falta de traslado de uno de los imputados que tiene arresto domiciliario, informando al tribunal que mediante el acto 269 sí fueron notificados.

 

Los demandados se quejan de “espacios pagados”

El doctor Valerio, a su salida del tribunal, se quejó ante los periodistas de que la DGII “debe decir quién está pagando los espacios pagados que desde el martes se comenzaron a publicar porque está haciendo una campaña multimillonaria, a través de una empresa publicitaria”.

“Cada representado vino y los que no vinieron fue por negligencia del MP”, aclaró Valerio, quien dijo estar sorprendido por la campaña publicitaria de la DGII sobre el caso.

De su lado, el abogado de la DGII, Francisco Álvarez Valdez dijo que no quiere que el caso se prolongue, sino que vaya a juicio de fondo. “Si están dispuestos a pagar 9 mil millones de pesos y cárcel, se podría llegar a un acuerdo con los imputados, obviamente, esa es una decisión de los afectados.

La audiencia se produce luego de que a inicios de febrero pasado, el juez de la Oficina de Atención Permanente, José Alejandro Vargas, impusiera distintas medidas de coerción contra nueve imputados del denominado caso Tremols, luego de examinar la acusación formulada por el Ministerio Público contra los señores: Eddy Samuel Tremols Payero, LeonardoAntonio Tremols Payero, Hervys Rafael Tremols Payero, Daniel de Jesús Tremols Payero, Rafael Alberto Tremols Acosta, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, Carmen Adela Tremols Cruz, Maritselly Cruz López, Néstor López Alcántara, Waskar Alberto González Payero, Amanda López Cuevas y Doris López Urbáez.

En este caso la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), está representada por los abogados Álvarez Valdez y Julio Camejo.

Según la acusación, estas personas físicas se valieron del uso de varias sociedades comerciales para realizar la supuesta maniobra fraudulenta, entre las que se encuentran: Suplidores Generales Dominicanos, S.R.L. (Supligerdom), Licores y Bebidas del País, S.R.L. (LIBEPA), Bodegas de Iberia, S.R.L., Dominican Hotel Register Company, S.R.L. (DOTERCO), Licores y Bebidas Dominicanas, S.R.L. (LIBEDOM), Constructora Aspen, S.R.L., Inmobiliaria E.J.T., S.R.L., Licores Royal, S.R.L., entre otras.

 

Antecedentes

Valiéndose de reportes de compras ficticias a empresas inactivas o sin estructura para realizar ventas millonarias, entre 2012 y 2017 el Grupo Tremols habría defraudado al Estado por un monto de RD$4,127.5 millones, que se elevan a RD$9,321.7 millones si se suman recargos e intereses, según la querella.

Es un caso de defraudación tributaria sin precedentes en el país que fue detectado por la DGII, que a través de sus mecanismos de control se percató de que algunas de las empresas del cártel Tremols Payero reportaban compras por valores multimillonarios a otras empresas que no tenían una estructura para realizar dichas ventas y que no guardaban relación con su actividad económica.

Las autoridades tributarias determinaron que eran compras ficticias que tenían como propósito deducir esos gastos de la renta neta imponible y de esta manera dejar de pagar los impuestos correspondientes, para lo cual utilizaban facturas con Números de Comprobantes Fiscales (NCF).

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