EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. -El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) junto a la Dirección General de Alianzas Público-Privadas (DGAPP) informaron este jueves que para la tercera semana de noviembre se abrirá el proceso de licitación para la puesta en marcha del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM), aprobado en la Ley 45-20 de Garantías Mobiliarias bajo la modalidad de Alianza Público Privadas (APP).
La información fue dada a conocer por el ministro del MICM, Víctor -Ito- Bisonó, junto al director Ejecutivo de la DGAPP, Sigmund Freund, durante la presentación de la “Iniciativa para la Implementación del Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM) en República Dominicana”, la cual contó con una ponencia a cargo del vicepresidente Comercial de Registro de Garantías Mobiliarias de la Red de Cámaras de Comercio (Confecámaras), Javier Triana, quien explicó el caso de éxito colombiano y su impacto en la dinamización de la economía.
Las entidades indicaron que avanzan en el desarrollo de las acciones necesarias para implementar el SEGM y con ello propiciar la inclusión financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país, dándole a estas nuevas oportunidades para financiarse y mejorar su competitividad, así como para fomentar la creación de nuevos servicios financieros dirigidos al sector empresarial en general.
En un comunicado de prensa, destacaron que a esta presentación fueron convocados los actores relacionados al sector financiero, así como a potenciales interesados en la iniciativa, quienes conocieron de primera mano el impacto de la implementación del SEGM, así como los próximos pasos de la licitación pública que se llevará a cabo para estos fines.
Bisonó informó que una vez comience a funcionar el SEGM, las partes interesadas podrán contar con una base de datos única, centralizada, en línea y de bajo costo, que permitirá publicitar los bienes muebles dejados en garantía.
Señaló que la Ley es un estímulo directo para la reactivación de los sectores productivos, especialmente para que las Mipymes y las personas físicas, “las cuales podrán acceder a más y mejores oportunidades de crédito”.
Bisonó agregó que el Ministerio remitirá al Poder Ejecutivo la propuesta de reglamento de implementación del SEGM y contó que el proceso de vistas públicas concluyó hace poco.
De su lado, el director ejecutivo de la DGAPP, Sigmund Freund, enumeró las ventajas y garantías que representa para el país que este Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM) sea implementado en modalidad APP.
Explicó que las APP permiten una transparente asignación de riesgos y supervisión, seguridad jurídica, claridad en plazos y procedimientos, a la vez que ofrecen un paquete de incentivos al agente privado.
Freund indicó que, como parte del proceso de apertura de esta licitación, a partir de la fecha se realizará una intensa jornada de encuentros privados con empresas interesadas (stakeholders) y potenciales oferentes a quienes se les ofrecerá información detallada de la iniciativa del SEGM.
Sobre el SEGM
En el comunicado de prensa, las entidades señalaron que la Ley 45-20 establece el marco jurídico del régimen de garantías mobiliarias en el país, sustentado en una plataforma electrónica a través de la cual se harán públicos los avisos que contienen la constitución, modificación, cancelación y ejecución de las garantías mobiliarias. Dicha plataforma, denominada Sistema Electrónico de Garantías Mobiliarias (SEGM) es necesaria para centralizar, publicar y transparentar las operaciones garantizadas que sobre bienes muebles se realicen en el país.
Expresaron que el régimen de garantías mobiliarias que crea la Ley 45-20 manda a la creación del SEGM, que consiste en un archivo electrónico de acceso exclusivamente remoto (plataforma web) por el cual se publicitarán las garantías mobiliarias, acreedores y deudores (cuyos bienes se encuentren afectos una garantía o gravamen).
Estimaron que el proyecto requerirá una inversión aproximada de US$$329,000 y que deberá ser asumida, en su totalidad, por el agente privado, acorde a lo que se establezca en el contrato de APP que se suscriba al respecto. Dicho contrato permitiría al Estado recibir flujos superiores a los USD$88 millones, en el marco de los 15 años de vigencia que tendría.
