Anomalías en el Plan Social habían sido denunciadas por ProConsumidor el año pasado

Por El Nuevo Diario sábado 13 de enero, 2018

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Las irregularidades que según la Fiscalía de Santo Domingo Este se cometían en el Plan Social de la Presidencia, en las que se involucran a dos funcionarios de la institución estatal, fueron notificadas hace casi un año a la directora del organismo por el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (ProConsumidor).

En un comunicado con fecha del 20 de enero del  año 2017, ProConsumidor indicaba a  Iris Guaba, directora del Plan Social de la Presidencia,  que diversos productos fabricados especialmente para esa institución  se estaban vendiendo en supermercados del país.

En la comunicación, ProConsumidor notificaba a Guaba sobre la incautación de 223 paquetes de harina empacadas en fundas de 14 onzas que se estaban vendiendo en góndolas de supermercados, a pesar de que en el dorso tenían una etiqueta del Plan Social de la Presidencia, en la que se advertía que estaba “Prohibida su venta”.

Mientras  que en el mes de agosto de ese mismo año, la empresa Lácteos Dominicanos (Ladom) también  comunicó al Plan Social que unos 13,750 fardos de avena se estaban comercializando en establecimientos, a pesar de que ese producto era exclusivo. y que tenía la etiqueta de “prohibida su venta”.

Al ser consultada por los medios sobre estas denuncias de ProConsumidor, Guaba dijo ayer, 12 de enero de 2018, que fue precisamente a raíz de dichas alertas, la primera de las cuales tuvo lugar el 20 de enero del 2017, que la institución que preside activó sus organismos de vigilancias, y comenzaron a investigar.

Precisó que visitaron un supermercado en el que estaban vendiendo harina que en el dorso tenía la leyenda del Plan Social y decía “prohibida su venta”, pero que los propietarios del establecimiento explicaron que decidieron comprar el producto a un suplidor que había participado en una licitación que hizo el Plan Social, pero que no resultó ganador de dicha licitación.

Sobre el caso

Sobre este caso, ayer viernes el Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo acogió el pedimento del Ministerio Público de declarar como complejo el proceso que se sigue contra dos funcionarios del organismo, imputados de evadir raciones alimenticias destinadas a personas pobres y venderlas a comerciantes.

En un comunicado de prensa, la institución informó la resolución del juez Marlon Espinosa, quien impuso como coerción a los  inculpados Gabriel Alfredo Méndez Fernández y Xhemyramiz Desiree Jiménez Urbaez, ambos funcionarios del PASP,  una garantía económica en efectivo de RD$60,000 pesos a cada uno,   presentación periódica ante el fiscal investigador e impedimento de salida del país.