EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El empresario Ángel Rondón Rijo, condenado ayer a ocho años de cárcel al ser hallado culpable de repartir los sobornos millonarios y de lavado de dinero en el caso Odebrecht, afirmó este viernes que a él van a tener que demostrarle quiénes recibieron las coimas.
“En los próximos días, con mis abogados, cuando salga la sentencia definitiva estoy seguro que la vamos a apelar, porque a mí hay que demostrarme quiénes son los sobornados”, expresó Rondón Rijo en una entrevista el programa El Sol de la Mañana.
Asimismo, dijo sentirse “estupefacto” con la decisión del tribunal, la cual, insistió, no hay dudas que la recurrirán.
“Esa sentencia, te lo juro, todavía no estoy en capacidad de decir exactamente el elemento de soborno sin sobornado, porque yo ese término como que no lo conozco”, reiteró Rondón Rijo.
“Porque entonces yo me autosoborné, pero si tú dijeras, bueno, pero tú fuiste funcionario, pero nunca he sido funcionario público del Gobierno dominicano”, continuó diciendo.
Dijo que, aunque la empresa Odebrecht admitiera el pago de 92 millones en sobornos, está seguro que no se hizo a través de su persona.
Reveló que anoche junto a su hijo pensó reunirse con algunas personas, pero luego reflexionó y dijo que no quiere ver a nadie.
“Anoche yo con mi hijo empecé a hacer algunas citas que quería ver a tal o a quien, pero voy a retirarme; yo no quiero ver a nadie, ni me quiero juntar con nadie tampoco, ni funcionarios actuales, ni funcionarios anteriores, no, no, no”, manifestó.
Otro condenado
Por el caso, también fue condenado el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, a cinco años de cárcel por lavado de dinero.
Las tres juezas que componen el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional absolvieron a los otros cuatro imputados, entre ellos tres exsenadores y un abogado.
La empresa admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos entre 2001 y 2014, en un acuerdo firmado con la Justicia de Brasil, Estados Unidos y Suiza, en el que admitió haber hecho pagos millonarios ilegales en doce países de América Latina y África.
La constructora firmó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía dominicana y se comprometió a pagar al Estado 184 millones de dólares, el doble de lo distribuido en sobornos en el país.
