Amnistía Internacional pide a nuevo gobierno marroquí abolir pena de muerte

Por admin miércoles 12 de abril, 2017

EL NUEVO DIARIO, RABAT.-Amnistía Internacional (AI) ha pedido al nuevo gobierno marroquí, que acaba de formar el islamista Saadedín Otmani, abolir la pena de muerte de la legislación, en un acto que hoy encabezó el director general de la ONG en este país magrebí, Mohamed Sektaui.

En una carta enviada ayer a Otmani, AI recordó que han surgido nuevas circunstancias que pueden ayudar a que Marruecos a firmar los tratados internacionales y regionales que ponen fin a la pena de muerte y desterrarla en consecuencia del código penal nacional.

Entre las condiciones favorables a la abolición de la pena capital, AI citó la aprobación en 2011 de una nueva Constitución en Marruecos que defiende el derecho a la vida, así como la entrada del país el pasado enero en la Unión Africana, que insta a sus miembros a la anulación "facultativa" de la pena capital.

A fines de 2016 había 92 personas fueron condenadas a muerte en las prisiones marroquíes, entre ellas cuatro mujeres, aunque Marruecos no la aplica desde 1993.

Sektaui instó al presidente del Gobierno marroquí "a aprobar un proyecto de ley sobre la abolición de la pena de muerte en la legislación y en la práctica y presentarlo ante el Parlamento".

La misiva añadió, en ese mismo sentido, que la mayoría de los partidos que forman la actual coalición gubernamental marroquí habían presentado sin éxito un proyecto de ley ante el Parlamento en noviembre de 2013 para pedir la abolición de la pena de muerte de la legislación marroquí.

Sin embargo, y aunque AI no lo cita, el Partido Justicia y Desarrollo (PJD, islamista) así como el Istiqlal, se han mostrado reacios a la abolición de la pena capital, y abogan más bien por una limitación máxima de su promulgación.

Marruecos forma parte, junto con sus vecinos Mauritania, Argelia y Túnez, del conjunto de países que tiene una moratoria de facto sobre la pena de muerte, sin por ello hacerla oficial, mientras que en el resto de países árabes está vigente y las ejecuciones son una realidad.