EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El abogado César Amadeo Peralta, denuncia este domingo, que el Tribunal Constitucional tiene cientos de decisiones incumplidas, no ejecutadas, archivadas, desconocidas por muchas entidades públicas y sus responsables, que ameritan de una coacción pecuniaria, responsabilidad civil, administrativa o penal, no son sancionados.
Al calificar de graves esta situación “no cumplir con las ordenanzas” del mas alto tribunal, sostiene que el cumplimiento efectivo y oportuno de las decisiones del Tribunal Constitucional, está estrechamente vinculado con la Seguridad Jurídica, a la Tutela Judicial Efectiva y a las Garantías del debido proceso.
Por ende, añade, sus decisiones son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado y personas que ejercen potestades públicas, quienes están obligadas a ejecutarlas, por estar sometidas al imperio de la Constitución.
Considera “es innegable que cuando un funcionario público ve en peligro sus bolsillos y su patrimonio, abusaría menos de su poder discrecional para hacerse el loco con el cumplimiento de un mandato del Tribunal Constitucional”.
¿Cómo hacerle entender a un funcionario público, borracho de poder, como todos conocemos varios que, es obligatorio obedecer el mandato de los jueces del Tribunal Constitucional, si no les imponen una sanción pecuniaria, cuántas leyes, artículos, Decretos, Reglamentos, Resoluciones, Decisiones contrarias a la Constitución, se han anulado por el Tribunal Constitucional, destaco para responderse que son muchas y que las mismas no han tenido ningún régimen sancionador por incumplimiento.
El abogado Peralta cuestiona que decisiones emitidas, ratificadas en los Tribunales Administrativos y por el Pleno del TC, las instituciones no le han hecho caso.
Esto lo atribuye a que dichas decisiones llegan donde los incúmbetes de esas instituciones donde va dirigido su cumplimiento no va acompañado de una sanción, “es fácil para ser archivada esa decisión y sus obligados, por falta de sanción podrán decidir hasta recurrir al odioso silencio administrativo, porque no hay un régimen de consecuencias para ellos”.
Por tal razón, reiteró, el incumplimiento de las sentencias emitidas por el TC es un asunto muy grave, por ser el órgano de cierre de cualquier proceso y que debería estar embestido de las más absolutas garantías de cumplimiento por todos los poderes públicos y privados.
Amadeo Peralta, es de opinión que si la creada Unidad de Seguimiento a Ejecución de Sentencias, del TC, ordena, sanciones económicas, responsabilidad civil, penal y administrativa, “es letra muerta”.
No obstante, saludó a los jueces del Tribunal Constitucional por la iniciativa de crear una Unidad de Seguimiento a la Ejecución de las Sentencias, ante las tantas quejas recibidas por los usuarios y afectados del cumplimiento efectivo de sus decisiones, sin desconocer que en dicha resolución faltó los medios coactivos y coercitivos para que la ejecución de la decisión sea más efectiva.
