El alza de los materiales de construcción tiene un impacto negativo en todas las etapas de los proyectos: ya sea en su concepción inicial, en cualquier momento del proceso constructivo y al cierre de la obra. En el estado de preparación del proyecto, debido a la incertidumbre y la variación del presupuesto planificado, dichas alzas pueden retrasar el inicio. Después de iniciada la obra, con un flujo de caja establecido, es evidente que cualquier cambio significativo impacta en el avance del mismo, lo que indica, que aparte de afectar el presupuesto, afecta también al tiempo de terminación.
Si la obra corresponde al sector público muchas veces esos aumentos se tornan traumáticos, debido a que la misma puede sobrepasar el límite del 25% establecido en la ley 340-06. Esta situación afecta al contratista, porque se ve obligado a ceder, o, a no realizar parte del proyecto original. Además, se limita a recibir los pagos correspondientes a su debido tiempo. La institución se ve en la disyuntiva de buscarle la solución legal, pero, con el agravante de que necesita más recursos del asignado para los proyectos.
El alza de los materiales está dentro del riesgo de los proyectos. Los profesionales en los acuerdos contractuales de los trabajos privados, deben aclarar muy bien ese aspecto. En los contratos con el gobierno hay cláusulas establecidas, y cuando se justifica se suele reconocer dichos aumentos.
Hay diferentes estrategias para enfrentar los riesgos como: evitar, transferir, mitigar y aceptar. Desde el punto de vista general esta variación de precios impacta la obra. Bajo estas premisas, el profesional podría transferir ese riesgo al dueño del proyecto, si el contrato contempla la variación de precios; aceptarlo, sino lo contempla. No puede evitar el riesgo, porque no está a su alcance. Lo puede mitigar si tiene una gran cantidad de materiales en almacén o acordado con los suplidores.
Algo inevitable es lo expresado por Acoprovi, tal y como aparece en la reseña del periódico diariolibre del día 7 de enero del 2021, donde Jorge Montalvo estableció que las alzas de los materiales en un promedio de 19%, han incidido en el aumento de la vivienda en un 13%. Esa situación desincentiva la compra de viviendas, que se encuentra en el segundo nivel de la pirámide de Maslow, solo superado por las necesidades de la supervivencia intrínseca del individuo.
Aunque un estudio realizado con fecha del 1 de noviembre del 2020, por la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (ADOCEM), donde establecen las incidencias del cemento en los diferentes tipos de construcciones. Su mayor impacto recae en la vivienda unifamiliar, que representa, incluyendo el terreno, un 11.34%. La de dos niveles, según su categoría y metros cuadrados de construcción: van desde un 8.73%, 8.44% a un 7.54%. Edificios de 4 niveles con muros de bloques, 7.33%, y con formaletas, 7.75%, mientras que, en torres de 9 pisos, su incidencia es de 6.12%, y finalmente, en torres de 23 niveles es de 5.31%.
Este estudio es importante porque muestra las incidencias de manera individual de uno de los insumos más determinantes en el uso de las construcciones, pero que también, es el que más incide en el aumento de los demás materiales. Cuando el cemento aumenta, por arte de magia, los demás, parece que se antojan y comienzan a subir.
Es una realidad la reducción de las construcciones en República Dominicana, y, por tanto, el uso de los diferentes insumos que se utilizan en la construcción. Como es el caso del cemento, que disminuyó en el primer semestre del 2020 alrededor de un 20%, y aún así, se han producido aumentos significativos.
Otros, como las tuberías para acueductos han disparado sus precios. Se supone que si la demanda disminuye no debería haber aumentos de precios, porque desincentiva más el uso de esos productos. Esto indica, que pueden ser intenciones especulativas, que afectan uno de los sectores con mayores aportes al PIB y que genera alrededor de 400 mil empleos directos.
Es ese sentido, el gobierno debe ponerse en observación y que se tomen las medidas de lugar, porque lacera los intereses de la población, y retrasa la terminación de la cartera de proyectos que ejecutarán las instituciones.
Por José Espinosa Feliz