EL NUEVO DIARIO, LIMA.- La Policía Nacional del Perú (PNP) y la Fiscalía allanaron hoy 30 inmuebles vinculados con el caso de Pedro Pérez Miranda, apodado «Peter Ferrari», al que investigan por presuntamente haber amasado su fortuna con la exportación de millonarios cargamentos de oro extraído de la minería ilegal.
El operativo se desarrolló en Lima a cargo del fiscal Lizardo Pantoja, titular de la Primera Fiscalía Supraprovincial de Lavado de Activos, y participaron 400 agentes de la Policía, que incautaron documentos contables, financieros y equipos de telecomunicaciones, entre otros objetos.
El director general de la Policía, Richard Zubiate, aseguró en un comunicado que la información obtenida está bajo secreto de sumario y que las investigaciones continuarán para confirmar la vinculación de «Ferrari» con el presunto lavado de activos que le imputa la Fiscalía.
«Ferrari», conocido así por su afición a los automóviles de lujo, fue detenido en enero de 2017 y se encuentra en prisión preventiva por dieciocho meses mientras las autoridades avanzan con las investigaciones.
El empresario está recluido en la cárcel de Cochamarca, en la andina región central de Pasco, a unos 3.400 metros de altitud, a donde fue trasladado desde la cárcel de Ancón I, en Lima, por el riesgo de que supuestamente se fugara hacia Bolivia, según el programa de televisión Panorama.
De acuerdo con la imputación fiscal, Pérez Miranda es el dueño de diversas empresas de fachada dedicadas a lavar dinero generado por la minería ilegal, dirigidas por testaferros que son familiares y allegados suyos, entre otros.
En marzo del 2015, la Fiscalía señaló que entre 2012 y 2013 cuatro empresas vinculadas con Pérez Miranda exportaron a Estados Unidos más de 14 toneladas de oro, con una ganancia de 636 millones de dólares.
A una de ellas, la compañía Comercializadora Minerales Rivero, se le incautó en diciembre de 2013 un cargamento presuntamente irregular de oro para exportación valorado en 2,5 millones de dólares.
El diario El Comercio informó, en ese momento, que «lo sospechoso de esta operación» era que se desconocía la procedencia del mineral y que fuentes de la Fiscalía señalaron que se podría estar «frente a uno de los casos más grandes de tráfico de oro ilegal de la última década» en el país.
