En una situación de emergencia como la que vivimos con el COVID-19 hay que identificar los recursos para atender la parte esencial de la salud. En la Seguridad Social se pueden identificar fondos para cubrir los análisis clínicos de las personas que tengan que someterse a esas pruebas.
Bastaría con hacer una enmienda transitoria para que, en los recursos destinados a las enfermedades catastróficas, por ejemplo, se dé cobertura a los análisis.
Esa modificación debe incluir suspender la disposición tripartita para tomar una decisión en el sistema de Seguridad Social y disponer que ese poder descanse en el Estado mientras dure la crisis.
Eso pasaría por establecer con claridad el costo real de esos análisis.