Bajo este acuerdo judicial, que data de 1997 y es producto de un litigio emprendido por dos organizaciones humanitarias, las autoridades no pueden retener a menores de edad inmigrantes por más de 20 días, y además deben estar detenidos en las condiciones «menos restrictivas» posibles.
El pacto, por tanto, genera un dilema para la aplicación de la orden ejecutiva firmada el miércoles por el presidente Trump en la que acaba con la separación de familias que se estaba produciendo en la frontera y permite que los niños permanezcan con sus padres en los centros de detención de manera indefinida.
«El presidente no puede ignorar el acuerdo», dijo a Efe Bill Hing, profesor de derecho de la Universidad de San Francisco y director de la Clínica de Defensa de Inmigración y Deportación de la escuela.
Es por ello que, ante la barrera legal, el Departamento de Justicia interpuso hoy en una corte federal en Los Ángeles, California, un pedido para que se modifique este acuerdo de una manera que permita retener a los niños más allá del limite establecido.
«Este Tribunal tiene la autoridad y responsabilidad para resolver estas crecientes preocupaciones de inmediato, permitiendo la detención familiar», se lee en el texto presentado en la corte del distrito central de California.
Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Nueva York, señaló hoy en una conferencia telefónica que seria «horrible» regresar a la época anterior del «acuerdo Flores», en la que los menores pasaban meses y meses detenidos por las autoridades migratorias.
Advirtió que el Gobierno de Trump expone el problema como un asunto de dos únicas vías («separo los niños de sus padres o los mantengo detenido junto a ellos»), cuando la realidad «no es algo de solo dos soluciones».
La Constitución permite que las autoridades liberen a las familias bajo supervisión, ello sin ir en contra de la ley y el acuerdo, explica Galernt.
«El 99% de las familias liberadas bajo supervisión responden a sus citas con las autoridades», amplió en la rueda de prensa Madhuri Grewal, consejera de ACLU.
En su petición, el Gobierno enfatiza en la crisis migratoria que atraviesa el país y para ello detalla números de detenciones de familias inmigrantes en la frontera.
Según cifras oficiales, en los primeros ocho meses del año fiscal de 2018, es decir desde octubre de 2017 y hasta mayo de este año, un total de 59.113 familias han sido arrestadas y las proyecciones apuntan a más de 88.000 al finalizar el año, es decir 75.000 familias más respecto al periodo fiscal de 2012, cuando se arrestaron 11.116 familias.
Fue precisamente ACLU y otras organizaciones las que presentaron la demanda que dio pie al acuerdo en 1985 a nombre de Jenny Lisette Flores, una adolescente de 15 años que huyó de El Salvador para reencontrarse con su tía en Estados Unidos. Tras varios años de litigio se llegó a un acuerdo en 1997 con el Gobierno de Bill Clinton (1993-2001).
En 2015, el Ejecutivo del expresidente Barack Obama (2009-2017) pidió sin éxito a esa misma corte de California que modificara el pacto para retener durante periodos superiores a 20 días a la gran cantidad de niños que llegaron al país durante el verano de 2014.
Desde que tomó las riendas del Departamento de Justicia, Jeff Sessions ha tenido en la mira el acuerdo y retomó las peticiones de la anterior administración para modificarlo.
Para la jueza Dolly Gee, encargada de estudiar la petición de emergencia del Gobierno, esta no es la primera vez que lidia con la administración Trump por el «acuerdo Flores».
En febrero de 2017, Sessions desafió ante la Corte del Noveno Circuito de Apelaciones una orden de Gee que exigía al Ejecutivo liberar a menores no acompañados retenidos por meses mientras esperaban ver a un juez de inmigración. En julio pasado, el Gobierno perdió el alegato.
Ahora, en su argumentación, la Administración Trump insiste que se apruebe este alivio de «emergencia» para solucionar la crisis migratoria.
«Esta Administración creó la crisis y ahora quiere utilizarla para justificar una masiva excarcelación y lograr cambios en acuerdos», sentenció Grewal.
Por EFE
