Actos que llevan a la desafiliación de una organización política  

Por Francisco Cabrera Mata lunes 8 de febrero, 2021

Por Francisco Cabrera Mata

La legitimidad y la lealtad en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos descansan en la voluntariedad. La persona ingresa a una de estas organizaciones de manera libre y voluntaria, estableciéndose inmediatamente un vínculo generador de derechos y deberes concretos, que podrá romper cuándo así lo desee[1]. Para la adhesión, dicha libertad estará condicionada a la regulación prevista al efecto en los estatutos de cada entidad que, a su vez, deben ser conforme a la Constitución y a las leyes. Con la desafiliación, acto a través del cual queda desvinculado de la institución, salvo que sea fruto de una penalidad, el asunto es menos  complejo, dado que podría resultar tanto de un hecho forzoso como de la mera voluntad.

La salida forzosa tiene lugar cuando interviene una sanción que concluye con la expulsión, en cuyo caso la ley sujeta el proceso al cumplimiento de trámites que le permitan al afectado ejercer determinados derechos. La necesidad de reglas materiales y procedimentales previas para este tipo de separación, hace de la defensa a la afiliación un instrumento importante de la democracia interna[2]. Por consiguiente, tales actos quedan sujetos a control jurisdiccional.

En cambio, un desenlace voluntario responde a un acto de renuncia que puede ser expresa o tácita. Como acción unilateral e incausada, ésta no requiere de la aceptación del destinatario y surte efectos desde el momento de su presentación. Con ella, debe entenderse también que el renunciante queda desvinculado de cualquier puesto ocupado en la organización; no así de los cargos públicos de elección popular. Esto es debido a que el mandato sobre este modelo de funcionarios no es de naturaleza imperativa sino representativa[3].

Cuando hablamos de renuncia expresa miramos a la manifestación inequívoca de la voluntad del sujeto que no desea o no puede continuar en las filas de la organización. A excepción de quien teniendo militancia previa ingresa a una de las instituciones a cuyos integrantes les está vedada la actividad política, no requiere de formalismos sacramentales; obedece a una comunicación simple dirigida al presidente del equipo que se abandona.

En adición a eso, la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, en su artículo 8, establece que un tipo de conducta en el afiliado lleva renuncia incluida. Este texto fija cinco causas de renuncia automática, pero a consecuencia del control concentrado de la constitucionalidad de las leyes le sobreviven cuatro[4]. Hablamos de: a) la afiliación a otro partido, agrupación o movimiento político; b) el apoyo a otra candidatura contraria; c) la participación en actividades de partidos contrarios y  d) la aceptación de candidaturas por otro partido.

Aun cuando la ley agrega la aprobación del afiliado cuya membresía estaría en juego, esta fórmula escapa a la rigidez probatoria. Ciertamente, la primera y la última de las causales señaladas parecen estar orientadas a casos tan concretos que el consentimiento queda registrado en la naturaleza del acto consumado. No es así con las dos restantes causas, puesto que el apoyo a una candidatura contraria y la participación en actividades de partidos adversos, ilustran en términos abiertos e indeterminados. De modo que, el abanico de ofertas para dotarlos de contenido podría ser tan amplio como confuso y delicado.

No sobra decir, que hacer pronunciamientos en contra de candidaturas de elección popular postuladas por su partido, causa prevista en el enunciado legislativo que nos viene ocupando, a juicio del TC, viola el derecho fundamental a la libertad de expresión e información, al tiempo que implica patrocinar la imposición de sanciones de manera anticipada, por cuyos motivos quedó censurado como fuente automática de desafiliación. Empero, el órgano Constitucional protege la facultad que tiene la entidad política de imponer debidamente las penalidades que estime apropiadas por el hecho.

Con todo, el esquema de la desafiliación automática, que demanda de mucho desarrollo, promueve la afiliación única como deber  del afiliado y procura evitar el trastorno de la doble afiliación. Además, como la suerte de ello interesa al sistema y a la imagen de la agrupación, es un insumo que impacta en la actualización del registro general de miembros que los partidos deben someter cada año al dominio de la JCE, sin perjuicio de la comunicación que al respecto deba recibir ésta de la organización afectada en los treinta días del evento.

Por eso, para evitar conflictos con el tema de la desafiliación, que es de lo que trata el referido texto, mientras se levanta una noción que permita medir el alcance de la previsión legislativa, sea por factura jurisprudencial o reglamentaria, la cordura invita. Los miembros de una organización política que anidan interés en preservar intacta dicha calidad, deben abstenerse de incursionar en actos que pudieren ser eslabonados para construir la definición indicada; pues, como se puede apreciar, hacer lo contrario no es un gesto desprovisto de valor jurídico.

 

[1] GARCÍA, Nerea Ramírez. Patrones de desafiliación partidaria en el reino Unido: desafección política y edad de los partidos. RIPS. Revista de Investigaciones Políticas y Sociológicas, 2014, vol. 13, no 1, p. 11-32.Disponible en: Redalyc.Patrones de desafiliación partidaria en el Reino Unido: desafección política y edad de los partidos

[2] MORLOCK, Martin. Dos cuestiones clave en la regulación jurídica de los partidos políticos: financiación y democracia interna. Teoría y realidad constitucional, 2015, no 35, p. 183-201. Disponible en: Dialnet-DosCuestionesClaveEnLaRegulacionJuridicaDeLosParti-5099948.pdf

[3] Tribunal Supremo de Elecciones. San José, Costa Rica. Exp. n.º 806-S-2006. Disponible en: TSE, 2682-E-2007

[4] SENTENCIA TC/0441/19, de fecha 10 de octubre del año 2019. Disponible en: tc-0441-19.pdf (windows.net) 

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