EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- La Dirección legal del Ayuntamiento de Santiago, aclaró este viernes que el embargo a las cuentas personales del alcalde de esta ciudad, Abel Martínez Durán, obedecen a una decisión distorsionada.
Rendida mediante una sentencia civil en cobro de pesos realizada por una firma de abogados en representación de un supuesto suplidor de la gestión que encabezó el entonces síndico de esta localidad, José Enrique Sued Sem.
La decisión del magistrado juez Ramón Francisco Ureña Ángeles, está contenida en la sentencia civil marcada con el número 367-2018-SSEN-001699, de la 3era Sala Civil del Juzgado de Primera Instancia de Distrito Judicial de Santiago, en la cual se ordena el pago de facturas de servicios a favor del nombrado Ignacio Paulino, ascendente a unos RD$ 5,272,339.20, por concepto de alquiler de equipos a esa entidad edilicia durante los años 2008 y 2009.
Indica que esta decisión fue recurrida en tiempo hábil y la misma está pendiente de fallo en la Corte de Apelación de esta demarcación judicial.
Señalan que la decisión del magistrado tiene consideraciones afectadas de errores por interpretación de las normas legales invocadas por las partes y de experiencias jurisprudenciales, degenerando una demanda rutinaria de cobros de pesos, en una demanda de responsabilidad patrimonial en contra de los bienes del principal ejecutivo municipal.
Esto a juicio de la parte legal del Ayuntamiento, es una falta grave y un error garrafal del magistrado actuante, ya que asegura esto no fue invocado por la parte demandante, ni tampoco se corresponde con la naturaleza jurídica de la demanda introductiva.
La Dirección legal del Ayuntamiento de Santiago, condenó, además, la actitud del Banco Popular, que no se detuvo a analizar que esta no era una demanda de responsabilidad patrimonial, ni tampoco que el tribunal nunca estableció que se condenaba de manera solidaria al alcalde Martínez, tampoco dice puntualiza sobre en qué consiste su responsabilidad.
Los representantes legales tanto del Ayuntamiento, como del alcalde, también condenaron la forma que de manera “alegre e irresponsable” la entidad de intermediación financiera [Banco Popular] y sus ejecutivos procedieron a emitir una certificación que hoy es utilizada de manera mal intencionado en todos los medios de comunicación de masas y redes sociales, de la ciudad y el país.
Subrayaron que la decisión rendida en contra del alcalde municipal, en primer término, y luego del Ayuntamiento de Santiago, constituye un funesto precedente que no debe pasar por desapercibido, ya que el mismo degeneraría en una especie de “cacería de brujas” sobre los bienes de todos los que ostenten posiciones gerenciales en el aparato del Estado.
