Abriendo la tumba de la Democracia.

Por Iván Canals

Muchos han sido los debates en torno a la aprobación de la Ley de Partidos que ha reposado por casi dos décadas en el Congreso Nacional. Y es que, la sociedad viene exigiendo a viva voz, de que ya es tiempo de que se regule el tiempo de las campañas electorales y que se fiscalicen sus fondos, al igual de que haya más transparencia, equidad y garantías en los procesos electorales.

Este reclamo de la población ha llevado a la clase política a verse en la obligación y necesidad de buscar un consenso para la inmediata aprobación de dicha pieza legislativa. A tal punto, que se han llevado a cabo amplias consultas y debates a todos los niveles. Varios expertos en materia legal y jurídica han expresado sus diferentes puntos de vistas y opiniones. La amplia mayoría de estos han llegado a la conclusión de que una de las modalidades propuesta resultaría violatoria a la Constitución, en este caso las primarias abiertas.
Esta modalidad de primarias ha sido el punto de discrepancias entre la clase política y sus actores, lo cual ha imposibilitado la aprobación de dicha ley.

Sobre este particular, la discusión se ha basado en diferentes aspectos, que van desde el costo de las mismas, o si, la Junta Central Electoral está en condiciones de organizar y supervisar estas primarias; hasta afirmar que esta modalidad abierta vulnera los derechos constitucionales a los partidos y a sus miembros. A pesar de las primarias abiertas contar con un mínimo respaldo de la sociedad y de los partidos; estas siguen siendo impulsadas por sectores que están a favor de ellas; aun cuando encuentra un amplio rechazo popular, pero que bajo un mecanismo legislativo todavía se mantiene latente, sin importar que consecuencias pueda tener el resultado de su aprobación.

La muestra más reciente de estos aprestos ocurrió en el día de ayer, donde la comisión especial creada por el pleno de la Cámara de Diputados acogió mediante votación de siete votos a favor y seis en contra, que sean las cúpulas de los partidos que escojan la modalidad de padrón a utilizar en sus procesos internos.

Este nuevo ingrediente viene a crear más incertidumbre y desasosiego para la aprobación de esta ley, al igual que para el buen funcionamiento del sistema de partidos, ya que esta decisión afecta significativamente la democracia interna de los partidos y organizaciones, y a su vez, el derecho de sus miembros a elegir y ser elegidos, ya que, otorga a los altos organismos la facultad de decidir cual sería el método para la escogencia de sus candidatos.

La democracia es la decisión de la mayoría. Contrario a lo que se busca con esta propuesta, que limita de forma arbitraria las facultades y derechos de los miembros de los partidos y organizaciones políticas, debido a que forza a estos a poner sus derechos a merced de los mejores intereses de una minoría. Los partidos y organizaciones tienen establecidos en sus estatutos el método de como elegir a sus autoridades y candidatos; lo cual debe de ser respetado, tal y como establece el artículo 216 de la Constitución, que les otorga a los partidos y organizaciones el derecho a la democracia interna.

Sin lugar a equívocos, que de aprobarse esta errada decisión en el Congreso, se pudiera estar conduciendo al sistema de partidos al debilitamiento y al desgaste, teniendo como resultado su autodestrucción, y a su vez, llevar a la democracia a su más mínima expresión, de forma tan irrelevante que estarían abriendo su tumba.

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