El Código Penal, considerado como el instrumento idóneo para enfrentar la delincuencia en el país, fue aprobado en 2014, pero ha sido vetado en dos ocasiones por el presidente dominicano, Danilo Medina, debido a la penalización del aborto en todos los supuestos.
Medina ha pedido que se permita el aborto cuando el embarazo ponga en riesgo la vida de la mujer, si es el resultado de violación o incesto, o cuando el feto no tiene posibilidad de sobrevivir fuera del útero, lo que es aplaudido por defensoras de los derechos de la mujer, pero que no ha logrado el respaldo necesario entre los legisladores.
De acuerdo con la Constitución dominicana, cuando un proyecto de ley es vetado por el presidente de la República, como es el caso del aborto, se necesita el voto favorable de las tres cuartas partes de las dos Cámaras legislativas para rechazar esas observaciones.
El Senado, controlado por el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), rechazó el pasado 31 de mayo las últimas observaciones que hizo el Poder Ejecutivo al nuevo Código Penal, esta vez en 2016.
De esta manera, la iniciativa regresó a la Cámara de Diputados, que este martes no alcanzó los votos necesarios para aprobar la penalización del aborto en todas sus manifestaciones, tal y como lo hizo el Senado, por lo que el nuevo Código Penal no podrá ser sancionado en la presente legislatura.
El hemiciclo conoció un informe favorable para penalizar el aborto que rindió su comisión permanente de justicia, pero la votación finalizó con solo 84 votos a favor, cuando necesitaba 110 sufragios.
La comisión de justicia había pedido al hemiciclo aprobar el nuevo Código Penal tal y como fue aprobado por los senadores, sin embargo, debido a que no se logró la mayoría calificada, la ley deberá ser reintroducida en el Congreso Nacional.
Tras la decisión de los diputados las reacciones, a favor y en contra, no se han hecho esperar, poniendo de manifiesto la división que existe en la sociedad dominicana sobre este polémico tema.
Así, algunos sectores recomendaron este miércoles excluir el tema del aborto del nuevo Código Penal para no prolongar más su aprobación.
La Coalición por los Derechos y la Vida de las Mujeres, conformada por distintas organizaciones de la sociedad civil, señaló que tras esta decisión, «se abre una nueva oportunidad para legislar a favor del derecho y la vida de las mujeres».
«La ilegalidad en la que se mantiene la interrupción del embarazo atenta contra los derechos de las mujeres en especial el derecho a la salud», subrayó la Coalición en un comunicado.
La penalización total del aborto, agregó, «es un serio problema de salud pública que el Estado debe afrontar con responsabilidad, como lo ha hecho la mayoría de las sociedades democráticas».
Por su lado, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (Codue), que agrupa a cientos de iglesias, lamentó que la Cámara Diputados rechazara el informe de su comisión de justicia que favorecía la penalización del aborto como había aprobado el Senado.
Para Codue, el rechazo a un nuevo Código Penal «limita a la sociedad, en sentido general, para contar con leyes efectivas para combatir la delincuencia que afecta a la sociedad, al tiempo de garantizar la paz ciudadana, la inducción de menores al crimen, el uso del denominado ‘ácido del diablo», el sicariato y los actos de violencia externa contra las mujeres».
La República Dominicana es uno de los países de la región con mayor índice de muerte de mujeres relacionadas con el embarazo, parto y puerperio, con 106 decesos por cada 100.000 nacimientos, mientras que el promedio de la región es de 77, según datos del informe de seguimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Según el Ministerio de Salud Pública del país, los abortos inseguros provocan el 10 % de las muertes maternas en República Dominicana.
Datos de organizaciones locales defensoras de los derechos de la mujer afirman que en este país se producen cerca de 35.000 abortos al año, una cifra que podría ser mayor debido a que esta práctica se realiza clandestinamente.
Por EFE
