Juez aplaza para hoy audiencia conocer medidas de coerción; rechaza libertad y nulidad había pidido defensa

Por Liliam Mateo Martes 30 de Mayo, 2017

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El magistrado Francisco Ortega Polanco, juez especial designado por la Suprema Corte de Justicia para la instrucción del caso  a los  implicados en los sobornos que por US$ 92 millones admitió haber pagado en el país la constructora brasileña Odebrecht, decidió pasada la 1:10 de la madrugada,  ordenar un receso al conocimiento de las medidas de coerción y la continuación  de la audiencia este miércoles a las 5:00 de la tarde, por lo que seguirán detenidos hasta ser concluida.

El juez también rechazó los pedimentos de libertad de los imputados y la nulidad del proceso, y ordenó el desglose con relación al imputado Bernardo Castellanos, quien se encuentra en Panamá.

Francia Ortega Informó que la acusación la comprende un legajo de 136 páginas y que sacarle copias a tal volumen resultaría imposible para entregarla a todos ya que serían más de cuatro mil

Durante la audiencia de anoche, coincidiendo en su mayoría de que sus defendidos tenían que ser puestos en libertad pura y simple, los abogados de los imputados manifestaron que  las autoridades  no los notificaron  sobre los hechos y  reclamaron la muestra de las pruebas  contra los encartados.

Los imputados llevados a la audiencia celebrada anoche son   Temístocles Montás, Víctor Díaz Rúa, Radhamés Segura, Andrés Bautista, César Sánchez,  Ángel Rondón Rijo, Conrado Pittaluga, Roberto Rodríguez, Máximo De Oleo y Ruddy González.

Ausente estuvo el imputado  Bernardo Castellanos de Moya, contra quien se dictó orden de arresto que no pudo ser ejecutada porque se encuentra en otro país, aunque anunció que vendrá voluntariamente a enfrentar la acusación, tras la PGR informar que en su contra fue dictada una orden de captura internacional para que sea ejecutada por la INTERPOL.

De su lado,  los senadores Julio Cesar Valentín y Tommy Galán, del Partido de la Liberación Dominicana, PLD y el diputado Alfredo Pacheco, del Partido Revolucionario Moderno, PRM, que tampoco  han sido apresados, no  fueron llevados a la audiencia, pero   acudieron anoche voluntariamente.

 

Alegatos de abogados defensores

 

El abogado Carlos Salcedo, defensor del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista, implicado en el caso Odebrecht, pidió la libertad pura y simple de su defendido,  por considerar que no hay indicios de culpabilidad en su contra, previo a la  audiencia para  medidas de coerción celebrada anoche  en la Suprema Corte de Justicia -SCJ-.

Igual hizo el abogado Luis Soto, quien se adhirió a lo solicitado por Salcedo, al pedir ante el juez que se disponga la libertad inmediata de su cliente César Sánchez, ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).

Asimismo, Eddy Raful, abogado de Conrado Pittaluga, también se adhirió a la petición de puesta en libertad de su cliente,  recordando que “desde el 2010 estamos con el Estado Social y de Derecho”.

También,  el abogado de Víctor Díaz Rúa solicitó la libertad del exministro de Obras Públicas; mientras que la defensa de Máximo D´Óleo informó que siempre ha estado en disposición de acudir a la Justicia y fue detenido sin recibir notificación.

Reiteró que esa vulneración no puede ser pagada por su defendido, sino que se trata de una  falta que debe pagar el  Ministerio Público,  con la libertad de su defendido.

De su lado, la representación del Ministerio Público aseguró que cumplió con depositar el auto en un plazo acorde con el Código Procesal y que no está garantizada la igualdad para que los imputados se defiendan debidamente, pero sostuvo que le corresponde al tribunal hacer cumplir ese requisito.

Ante el pedimento de los abogados defensores,  de que  la audiencia para medidas de coerción fuera  aplazada, la representación del  Ministerio Público expuso  que no tenían problema con esa medida, aunque aclararon que no había argumento para solicitar que se anulara la audiencia y rechazaron la petición de libertad de los imputados.

Asimismo, sostuvo que el artículo 230 del Código Penal permite que esa audiencia sea convocada por el juez para escuchar a las partes o para recibir directamente las pruebas que serían presentadas en el caso.

 

 

Defensores alegan fallas en audiencia

Por igual,  la  defensa técnica del ministro de Industria y Comercio, Temístocles Montás, imputado en el  caso de sobornos admitidos por la empresa Odebrecht, alegó que a su representado no se le había comunicado para qué fue trasladado a la SCJ, por lo que alegaron violación presencial y que es al tribunal al que  le corresponde allanar todos los obstáculos para que los acusados puedan defenderse.

De su lado,  el abogado del senador Tommy Galán se quejó de que no fue sino hasta ayer  a las 6:00 de la tarde,  cuando se le entregó un acto de alguacil en el que se le notificaba que a las 8:00 debían presentarse a audiencia en dicho tribunal, por lo que pidió al juez que suspendiera  el conocimiento de esa causa “para  poder realizar de una verdadera audiencia”.

Alberto Núñez, abogado de Ruddy González, dijo que tampoco había recibido notificación al respecto y  lo mismo alegaron los defensores de Conrado Pittaluga y del empresario Ángel Rondón.

El abogado Antonio Delgado dijo que se imponía denunciar que Rondón intimó a los fiscales para recibir informaciones detalladas para poder preparar su defensa, por lo que alegó que la audiencia de anoche no estaba en condiciones de ser continuada.

 

Audiencia inició a las 8:00 pm

 

El juez especial de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Francisco Ortega, inició la audiencia  a las 8:00 de la noche, en  presencia de los diez imputados, en la Sala Augusta de la séptima planta de la SCJ, perímetro que fue  estrechamente acordonado por efectivos policiales fuertemente armados.

Todos los encargados,  dirigentes políticos oficialistas  y opositores, funcionarios del gobierno, ex legisladores y empresarios, fueron  detenidos el pasado lunes  en diferentes operativos realizados por fiscales acompañados de la fuerza pública.