EL NUEVO DIARIO, MOSCU.- Los abogados del opositor ruso Ildar Dadin recurrieron hoy al Tribunal Europeo de Derechos Humanos después de que la prisión siberiana en la que se encuentra se negara a ponerlo en libertad pese al fallo absolutorio del Tribunal Supremo.
"La decisión del Tribunal Supremo de Rusia aún no ha llegado a la prisión y no es posible aclarar su destino. Por ello, Dadin está ilegalmente retenido en la prisión IK-5 en violación de la Convención europea de derechos humanos y libertades fundamentales", señala la denuncia presentada ante Estrasburgo.
La esposa del opositor, Anastasía Zótova, explicó también que sus abogados se han dirigido a la Fiscalía General y a los servicios penitenciarios para que tomen cartas en el asunto.
"Hemos esperado a Ildar todo el día frente al edificio de la prisión. Acaba de salir el jefe del penal y nos ha dicho que la documentación del Supremo aún no ha llegado y hoy seguro que a Ildar ya no lo pondrán en libertad", dijo.
El Tribunal Supremo de Rusia ordenó el 22 de febrero la puesta en libertad inmediata de Dadin, condenado a dos años y medio de prisión por acumular más de dos faltas administrativas durante mítines y manifestaciones en el plazo de 180 días.
La decisión del Supremo fue adoptada en virtud de un reciente dictamen del Tribunal Constitucional, que estableció que dicha normativa puede aplicarse sólo cuando las faltas administrativas supongan un "peligro para los ciudadanos o el orden público".
"Hay que respetar las decisiones de los tribunales, más aún las del Supremo", dijo el portavoz de presidencia rusa, Dmitri Peskov, al ser preguntado por la reacción del Kremlin, promotor de esa controvertida ley.
El Consejo de Derechos Humanos de la presidencia se congratuló por el fallo del Supremo y recordó que en varias ocasiones había pedido la revisión de la condena al activista opositor y su puesta en libertad.
Dadin es la primera y única persona condenada en virtud del artículo 212.1 del Código Penal de Rusia, que castiga con prisión la comisión de más dos faltas administrativas durante mítines y manifestaciones en un período de 180 días.
La oposición extraparlamentaria rusa, que acusa al presidente, Vladímir Putin, de restringir la libertad de manifestación desde que regresara al Kremlin en 2012, considera ese artículo "anticonstitucional".
