EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – El abogado de la Corporación Dominicana del Este, Miguel Valerio, valoró este miércoles como una presión indebida las justificaciones expuestas por el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, sobre la aprobación de un aeropuerto privado a dos minutos de vuelo de otro ya existente y las irregularidades de corrupción a lo largo de todo el proceso.
“Se trata de una presión indebida en un estado de derecho, un irrespeto preocupante a la separación de poderes que debería tener consecuencias si de verdad queremos preservar la salud democrática de nuestro país”, denunció.
Valerio indicó que Espinal debió abstenerse de asumir la defensa de un procedimiento viciado sobre el que pesan varias denuncias en la Procuraduría Especial de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), y evitar así las sospechas de que su intromisión en un asunto que es ya de competencia judicial busca condicionar la actuación del Ministerio Público.
Expresó que los argumentos jurídicos de Espinal no alcanzan para explicar por qué el Aeropuerto Internacional de Bávaro (AIB) se construirá con recursos privados exclusivamente y sin costo para el Estado y enfatizó que el Consejo de Fomento Turístico (CONFOTUR) le aprobó el 16 de julio exenciones fiscales por 15 años que, al decir del Ministerio de Hacienda, costarán al Estado más de 4 mil millones de pesos y de las que no gozan los demás aeropuertos.
“De acuerdo a Hacienda, el proyecto es financieramente inviable sin el generoso apoyo del Estado Dominicano. Que conste, a la concesión fiscal se le dio carácter definitivo sin que la documentación de rigor estuviese completa”, señaló.
Denunció que aprobaron el permiso municipal de uso de suelo sin que se haya probado que los desarrolladores del AIB son los dueños titulares definitivos de los terrenos donde dicen edificarán el aeropuerto.
Pidió que México realice un estudio exhaustivo de todas las opciones para determinar los pros y los contras técnicos ya que algo similar ocurrió en ese país relacionado con la viabilidad técnica en el espacio aéreo de la operación conjunta de la Base Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México, muy cercanos uno del otro.
“Lo anterior requiere ser objeto de una investigación exhaustiva que toma tiempo y a menudo es costosa por la experiencia técnica internacional requerida para asegurar que el Gobierno tenga información que pueda resistir cualquier escrutinio necesario para tales decisiones tan críticas”, enfatizó Valerio.
Se recuerda que el pasado lunes, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo,Flavio Darío Espinal, aseguró que no existe ningún impedimento legal para que el presidente, Danilo Medina, aprobara de manera previa la construcción y explotación económica del Aeropuerto Internacional de Bávaro.
Explicó que se hizo una descripción histórica acerca de la aprobación de cada aeropuerto del país, así como un análisis legal antes de que el mandatario tomará la decisión.
Espinal manifestó que ante la solicitud que el 31 de octubre de 2019 sometió el Grupo ABRISA y la empresa Aeropuerto Internacional de Bávaro AIB a la Comisión Aeroportuaria, está emitió la resolución núm. 6796, del 23 de enero de 2020,mediante la cual se otorgó su no objeción al desarrollo, construcción y explotación económica del proyecto de Aeropuerto Internacional de Bávaro, cuya inversión y costo total será responsabilidad exclusiva de las referidas entidades privadas.
