¿A quién pertenece la curul, a la persona o al partido?

Por Jhon Garrido

Pertenece a la organización o partido que la gano y no a la persona electa.

Las razones jurídicas están ahí.

Cuando un militante, denominando hoy afiliado renuncia de su partido pierde la membresía partidaria, así lo establece la ley de partidos políticos. Es decir, que si el afiliado tenia un cargo dentro del partido al renunciar no se lo puede llevar para el otro partido. Lo mismo es extensivo para los congresistas.

La ley electoral y la ley de partidos políticos establecen un sistema de financiamientos electoral para los candidatos el cual debe estar a cargo de los partidos políticos. Esto implica que quien paga institucionalmente a los candidatos son los partidos políticos. De hecho, si hay alguna irregularidad en el financiamiento quien paga las consecuencias es el partido político, no la persona.

La Constitución en el artículo 77 establece que cuando hay una vacante por cualquier motivo de la curul legislativa en el congreso, se le ordena al partido que lo postuló a que presente una terna a la cámara correspondiente para llenar dicha vacante.

En derecho comparado, las curules pertenecen al partido que la gano y no a la persona.

El tratamiento que el derecho comparado le da a esta situación es la de transfuguismo. Es decir, cuándo alguien se aparta de los lineamentos partidarios y lo ha traicionado. Es una forma de corrupción moral, ética y una práctica antidemocrática que altera las mayorías expresadas por la ciudadanía en las urnas.

El sistema de partido de Colombia define al transfuguismo como un fraude a la democracia y la jurisprudencia colombiana, la Corte constitucional ha calificado al transfuguismo como una modalidad de “deslealtad democrática”, pues se basa en un fraude a la voluntad del elector. En tal sentido, insiste en que “las claras relaciones existentes entre los partidos políticos y la conformación y funcionamiento de los grupos parlamentarios explican el rechazo a la práctica del transfuguismo, entendido, en términos amplios, como una deslealtad democrática”.

En efecto, dicho fenómeno perverso, constante en partidos políticos latinoamericanos y que ha conducido a aquello que la doctrina denomina “electoral volatility”, denota en el elegido una falta de firmeza ideológica, debilidad de convicciones, exceso de pragmatismo y anteposición de intereses personales y egoístas sobre aquellos programas e ideario del partido político que lo llevó a ocupar un cargo de representación popular, y por supuesto, un fraude a los electores. (…). Apunta la jurisprudencia comparada.

“La sentencia No. 39-2016 del Salvador sobre el transfuguismo dice que es un fraude al elector y se puede manifestar mediante: (i) el transfuguismo, que implica el abandono voluntario de una posición política representativa, adoptando una distinta de la que se ofreció y fue decidida así por los electores, para ingresar a otro grupo parlamentario existente o creando uno nuevo; (ii) la situación que se produce cuando un Diputado abandona el grupo parlamentario del partido político que lo postuló para el cargo, y se declara «independiente», bajo el argumento de hacer uso de la garantía establecida en el art. 125 Cn., o de ejercitar el derecho asociarse a un partido político -art. 7 y 72 ord. 2° Cn.-; (iii) la situación del Diputado que es expulsado de su partido político e ingresa a un grupo parlamentario existente o crea con otros Diputados un nuevo grupo parlamentario autónomo; y (iv) la situación del Diputado que ingresa a un partido político que no participó y por lo tanto no contó con el apoyo político en las elecciones correspondientes. Todos los supuestos anteriores constituyen un fraude a la Constitución, y por lo tanto producen efectos nocivos al sistema político democrático”.

En todos los casos señalados, la jurisprudencia constitucional comparada ha indicado efectos negativos del transfuguismo sobre el sistema de representación política y apunta que esta conducta política afecta el principio de falseamiento de la voluntad real de los electores expresado en el ejercicio del sufragio activo, aspecto consustancial a la democracia representativa y produce un debilitamiento del sistema de partidos.

De igual forma, la práctica del transfuguismo conduce a la falta de credibilidad de la ciudadanía en la clase política y, consiguientemente, al deterioro de la cultura política democrática, porque las personas, ante la deslealtad del elegido, ven modificada la expresión de su voluntad política sin su intervención.

Finalmente, el transfuguismo afecta la gobernabilidad democrática porque cambian la configuración inicial establecida por el pueblo en las urnas, incluso, según el caso, incidiendo o favoreciendo en la creación de «nuevas mayorías» en los órganos de representación política, en detrimento de la operatividad de la oposición política existente.

En la legislación electoral comparada esta conducta tiene consecuencias. Por ejemplo, si un representante se va otro partido o forma uno independiente, la curul queda en poder del partido que la gano.

Por John Garrido 

 

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